La gobernabilidad política en los sistemas democráticos es una tarea de nunca acabar pues la dinámica de los conflictos pone en serio riesgo a las instituciones más importantes, así como tiende a quebrarse la durabilidad de las reglas del orden político. En Bolivia – y una gran parte de otros países latinoamericanos – las reformas institucionales fueron encaradas de manera difusa por un conjunto de normas y políticas sin integrar de manera consistente los problemas que trae el cambio de largo plazo, junto con las dimensiones socio-culturales donde varios actores exigen transformaciones inmediatas.
Puede afirmarse que los conflictos en un régimen democrático nunca mostrarán un “sistema de equilibrios perfectos” porque los actores involucrados en la resolución de los problemas pretenden resultados rápidos y momentáneos, sin intentar sacrificarse por un tiempo en función beneficiar a toda la sociedad. Los actores conflictivos buscan proteger el máximo de sus intereses y es por esto que no toman en cuenta las consecuencias posteriores de sus acciones, sino que más bien piensan en su propio hedonismo, degenerando en conductas completamente unilaterales.
Un probable equilibrio significaría tener la posibilidad de confluir los intereses de varios actores, que si bien en un momento están enfrentados, podrían lograr varios acuerdos en relación con diferentes objetivos de desarrollo que apunten hacia un beneficio colectivo para todo el país.
En Bolivia, el posicionamiento de los actores conflictivos muestra que durante todo el periodo democrático se formaron dos frentes: a) por un lado se encuentran las posiciones de los “actores corporativo-sociales”, y b) por otro lado se hallan los “actores institucionales”. Los actores corporativo-sociales influyen en la sociedad civil organizada con demandas y reivindicaciones de carácter político muy fuertes; sin embargo, no pueden alcanzar resultados eficaces en materia de gestión pública debido a sus divisiones internas y a la inestabilidad institucional que ellos promueven tratando de incumplir todo tipo de reglas y resistiéndose a esperar pacientemente para que maduren las soluciones a sus problemas. Estos actores se agrupan en las clases sociales, sindicatos y agrupaciones ciudadanas.
Por el contrario, los actores institucionales están en las esferas de gobierno, organismos de cooperación y los partidos políticos modernos tendientes a lograr acuerdos negociados, sobre la base de normas duraderas. Estos actores asumen una posición más mesurada respecto a la proyección de las políticas públicas, son más reacios al control social reclamado por organizaciones de base, estando al mismo tiempo atrapados en consideraciones de análisis de mercado y posibilidades financieras sostenibles, llegado el momento de evaluar sus propias alternativas de subsistencia futura.
La polarización entre los actores social-corporativos, impacientes por arrancar sus demandas a cualquier precio, y los actores institucionales constituye un “equilibrio inestable” donde las negociaciones violan las reglas democráticas y atentan contra la estabilidad por temor o chantaje de los grupos movilizados. La consecuencia inmediata es una cultura informal atravesada por la anomia donde todos quieren ganar en río revuelto pensando en la satisfacción de sus intereses personales restringidos y promoviendo la evaporación del interés colectivo y la unidad como Nación.
El conflicto en Bolivia se alimenta de la anomia y viceversa. Las reglas democráticas se rompen fácilmente pero deben permitir la libre expresión, inclusive de aquellos actores destructivos. Al final, ningún actor o nivel institucional obtiene resultados eficaces porque todos están afectados por el cálculo egoísta donde el único triunfador es la violencia anómica.
Franco Gamboa Rocabado, sociólogo político, franco.gamboa@aya.yale.edu
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