Bruselas quiere que todos los países de la UE establezcan sanciones civiles y penales por el envío de 'spam'

 Ambas iniciativas forman parte de una lista de prioridades elaborada por la comisaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding, y la responsable de Protección de los Consumidores, Meglena Kuneva, para mejorar la protección de los consumidores en Internet y facilitar el comercio electrónico transfronterizo. Pero estas ideas se encuentran todavía en una fase inicial, lejos de traducirse en propuestas legislativas.

   Por lo que se refiere al correo no deseado, la legislación comunitaria ya lo prohíbe desde 2003. Sin embargo, el 65% de los europeos siguen quejándose de un exceso de 'spam', según los datos de Bruselas. Aunque el 19,8% del correo no deseado en todo el mundo procede de Estados Unidos y el 9,9% de China, el 23,4% viene de Europa, con Italia (3%), España (2,9%), Reino Unido (2,7%) y Alemania (2,4%) a la cabeza.

   El Ejecutivo comunitario señala que algunos Estados miembros como Países Bajos, España o Hungría aplican sus reglas 'anti-spam' a través de sanciones y multas a los que llevan a cabo esta actividad ilegal.

   Bruselas pretende extender este ejemplo y que todos los Estados miembros garanticen el cumplimiento de la prohibición del correo no deseado con un sistema "armonizado" de sanciones "eficaces", tanto administrativas como penales, que se aplique de forma "coherente" en toda la UE.

   En cuanto al sistema de licencia paneuropea, que hasta ahora ha chocado con la resistencia de las sociedades de gestión de los derechos de autor, el Ejecutivo comunitario considera que se trata de una iniciativa necesaria para que los consumidores puedan acceder a contenidos de Internet independientemente del país del que procedan.

   La complejidad de los diferentes sistemas de protección de derechos vigentes en los Estados miembros provocan, por ejemplo, que la BBC limite su iPlayer, su servicio de vídeo a través de Internet, a los consumidores británicos.

   Otro problema que detecta la Comisión es la falta de reglas claras y uniformes sobre lo que los usuarios pueden o no hacer con los contenidos adquiridos en Internet debido a que no hay una definición común de lo que es "uso privado". Aunque la mayoría de las descargas permiten un número limitado de copias, la posibilidad para los consumidores de hacer más copias para fines personales se ve a menudo obstaculizada por medidas de protección tecnológica y, en algunos Estados miembros, por ley. Bruselas aboga por armonizar a escala europea la legislación en este campo.