Defienden un desarrollo urbanístico de Pinto aprobado por la Comunidad

"Estoy convencido de que la Comunidad no aprueba ninguna ilegalidad", aseguró en referencia a la información que publica este martes el diario El Mundo sobre la presunta pérdida de ingresos económicos para las arcas municipales en este desarrollo.

"Me parece una valoración que está vacía de contenido", aseveró el responsable del urbanismo pinteño para agregar que "está todo legal" durante un descanso en la sesión de comparencias por la demanda interpuesta por el PP por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias contra los firmantes de la moción de censura que, el pasado 22 de diciembre, apartó a los populares de la Alcaldía.

En cuanto a la declaración ante la juez, Penit defendió el desarrollo urbanístico de 'El Espacio del Motor' que, con cinco millones de metros cuadrados y 7.500 viviendas, habría decantado el respaldo del edil independiente Reyes Maestre al veto de censura.

En este sentido, Penit emplazó a la Comunidad de Madrid a que se pronuncie sobre el desarrollo. "Si no quieren El Espacio del Motor, que devuelvan el Plan General, porque las competencias para las aprobaciones definitivas las tiene la Comunidad". En este punto, el edil fue muy claro: "Que diga Esperanza Aguirre que la Ciudad del Motor no se tiene que hacer".

Por otro lado, Penit admitió este martes ante la titular del juzgado de Instrucción número 7 de Parla que, en el año 1995, adquirió un terreno en la localidad pinteña de 1.600 metros catalogados como suelo rústico que, posteriormente, le reportarían derechos de edificabilidad de 528 metros.

El edil defendió la legalidad de esta operación, que -según dijo- se realizó cuando no tenía acta de concejal y que declaró ante todas las instancias, entre ellas, el Ayuntamiento pinteño a través de su Pleno municipal en el año 1996.

En declaraciones a los medios tras la comparecencia que este martes realizó ante el juzgado por la demanda del PP por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencia en la moción de censura del pasado 22 de diciembre, el edil de IU negó cualquier "vinculación" entre la empresa AG-100 y la familia Carrero Manrique, propietaria de terrenos en la localidad pinteña.

En esta línea, negó que él sea el propietario de los terrenos rústicos ubicados junto a la Planta de Biometanización de Pinto que, en 2007, el Ayuntamiento permutó para instalar la sede de una asociación a cambio de edificabilidad en el barrio de La Tenería II, un proyecto que habría supuesto unas pérdidas económicas a las arcas municipales de dos millones de euros.

Penit admitió, por otra parte, que el programa de Gobierno de los tres firmantes de la moción incluía una cláusula para solicitar a los técnicos municipales todos los informes preceptivos y jurídicos que permitan al Ayuntamiento dar la "mejor solución en base a los intereses municipales" al Contencioso Administrativo que hay abierto sobre este asunto.

Medidas cautelares contra Aída Núñez
El abogado del Partido Popular en la causa, Juan Ramón Montero, anunció este martes que se está planteado solicitar "medidas cautelares" para que Aída María Nunez, la compañera sentimental del primer teniente de alcalde del Gobierno municipal, Reyes Maestre, (de Juntos por Pinto), "no pueda adoptar disposiciones de disposición sobre el dinero de una empresa municipal", tras haber sido designada consejera de la compañía pública ASERPINTO.

Asimismo Carlos Penit recordó que la elección de los consejeros delegados de ASERPINTO son elegidos por los partidos políticos que forman el Gobierno local. En este punto, negó que la designación de Aída María Nunez fuese acordada entre PSOE, Juntos por Pinto (JpP) e IU como parte de su programa de Gobierno para sacar adelante la moción de censura.

Entre tanto, criticó la gestión del PP en el año y medio que permaneció en el Gobierno, ya que -según alegó- "en año y medio el PP metió 133 trabajadores que no hacían falta para nada" y el Ayuntamiento realizó encomiendas a ASERPINTO por importe de 2,8 millones de euros, lo que "vulneró sistemáticamente la Ley de Contratos" y derivó en "una deuda de 16 millones" que hizo entrar "en quiebra técnica" a la empresa pública.

Desaparecen documentos
Por otro lado, el Gobierno de Pinto denunció este martes la desaparición de, al menos, once expedientes de la etapa en que el PP estuvo en el Ejecutivo, entre ellos, un encargo a una agencia de detectives del que "se desconoce su finalidad", según informaron fuentes municipales.

La Junta de Gobierno dio cuenta este martes de esta situación tras detectar, igualmente, la desaparición "en diversos departamentos municipales -entre ellos, el de Intervención- de facturas y expedientes, sin que se haya tomado una resolución al respecto".

Ante ello, los regidores municipales aseguraron que "esta situación podría estar tipificada como infidelidad en tratamiento de documentos" y que, en este sentido, podría ser "merecedora de una denuncia judicial".

La inspección detectó, además, la 'pérdida' de documentos pertenecientes a Contratación, para la elaboración de una auditoría, que, según confirmaron técnicos del área, "fueron entregados a la anterior concejala de Hacienda, Tamara Rabaneda".

Por eso, el Gobierno local requirió a la portavoz del PP y ex alcaldesa, Miriam Rabaneda, con fecha 28 de enero, que "informase sobre el paradero de esta documentación".