Eel alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha corroborado este martes que las amenazas se recibieron a través de un foro de participación de El Diario Montañes y que pactó con dicho medio de comunicación que fuera éste el que presentara la denuncia ante los juzgados, de la que se derivó la investigación.
Asímismo, ha subrayado que desde mediados de diciembre, el equipo de gobierno sabía cuál era el resultado de la investigación y quién es el presunto autor de estos hechos que, según ha apuntado, pueden ser constitutivos de delitos de injurias, calumnias y amenazas.
Por otra parte, ha asegurado que no buscará responsabilidades políticas por las amenazas recibidas, si bien ha lamentado que desde que se conocieran los hechos, el Ejecutivo no haya adoptado "ni una sola medida" contra su presunto autor.
De la Serna insistió en que "cualquier tipo de vinculación personal que se quiera poner de manifiesto" entre el presunto autor de los hechos y concejales del Ayuntamiento supone también una "carga" para estos, a los que consideró "afectados", de una manera distinta, pero que también están "pasando momentos de dificultades" por lo ocurrido.
El alcalde cree "ruin e injusto" tratar de mezclar estas vinculaciones con las amenazas, y aseveró que desde el equipo de Gobierno no se va a responsabilizar "en ningún caso" al Gobierno de Cantabria por el hecho de que las amenazas se realizaran desde un ordenador de una empresa pública, SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) y anunció también que no se hará un "uso partidista" por estos hechos que "le podrían haber pasado a cualquiera".
El alcalde también reiteró su malestar por las explicaciones dadas por el Gobierno de Cantabria tras difundir el Ayuntamiento la existencia de los insultos y las amenazas. De la Serna criticó que el Ejecutivo asegurara que no sabía nada cuando, según explicó, conocían estos hechos "hace meses", y a pesar de ello no han adoptado "ninguna medida".
El Gobierno responde.
Por su parte, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, ha instado este lunes a la empresa pública SICAN a adoptar medidas disciplinarias si se confirma que uno de sus trabajadores es el autor de las amenazas e insultos contra el alcalde y un concejal del PP en Santander, realizados a través de Internet. Asímismo, ha reiterado su condena de los hechos, que considera "de extrema gravedad" y que, según subraya en un comunicado,
"deben conllevar la correspondiente responsabilidad disciplinaria". –
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Mientras la vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga, ha acusado al alcalde de "deslealtad institucional" por no haber informado al Gobierno de que estaba siendo objeto de amenazas desde el correo electrónico de una empresa dependiente del Ejecutivo, y consideró que éste ha dado a conocer ahora los hechos para "distraer la atención" sobre la "complicada" situación por la que atraviesa el Partido Popular a nivel nacional.
Gorostiaga aseguró, tal y como señaló el Gobierno el pasado sábado, que el Ejecutivo no ha tenido "ninguna notificación oficial" sobre este tema antes de que el alcalde denunciara públicamente ese día a través de un comunicado.
Gorostiaga dijo, al ser preguntada por este asunto, que el Ejecutivo "no va a tolerar" este tipo de comportamientos entre sus trabajadores, y en el momento en que tenga conocimiento de alguna actuación irregular por parte de estos serán "los primeros" en actuar.
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