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La oposición exige al PP flexibilidad para llegar al fondo de la trama

El PP exhibe su control en la 'comisión de los espías'

Arranca, pero lo hace sólo a medias y con mucha incertidumbre, la 'comisión de los espías'. Tras la constitución de la mesa este viernes, los grupos parlamentarios de PP, PSOE e IU tienen de plazo hasta el próximo 28 de febrero para "analizar y evaluar las posibles responsabilidades políticas que pudieran derivarse del supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid".

Así reza el escrito de creación de una comisión que finalmente estará presidida por el diputado popular Benjamín Martín Vasco y no por Inés Sabanés, portavoz del grupo minoritario en la Asamblea (IU) y a quién tanto su formación como el PSOE habían propuesto como candidata. La socialista Encarnación Moya ejercerá como vicepresidenta y la ex consejera Gádor Ongil será la secretaria. David Pérez, Maru Menéndez e Inés Sabanés serán los portavoces, respectivamente, de los grupos de PP, PSOE e IU, que tendrán cinco, tres y un representante cada uno.

La actividad de éstos y del resto de vocales promete ser febril. Según el calendario de actuaciones aprobado con los votos populares, los trabajos -dictamen y conclusiones incluidas- tendrán que estar listos antes del próximo 28 de febrero. Se establecen como días de reunión los martes y miércoles completos de cada semana y las mañanas de los viernes. Contando con que la última semana de mes es período no hábil por ley para la celebración de plenos y comisiones, esto suma un total cuatro días reales para una comisión en la que la oposición ya ha solicitado casi 40 comparecencias sólo en una primera tanda.

El comienzo se retrasa
Hasta aquí las certezas, porque varios aspectos fundamentales para que la comisión funcione efectivamente aún están en el aire. En primer lugar, no hay fecha para que comiencen las comparecencias. PSOE e IU las registraron este mismo viernes, pero el PP no ha querido desvelar las suyas dado que hay plazo hasta el próximo miércoles 9 para solicitarlas. Mientras no haya peticiones, la mesa de la Asamblea de Madrid no podrá calificarlas. El PSOE ha pedido por escrito que esta se reúna el lunes y que la mesa de la comisión lo haga justo después para poder comenzar a notificar las citaciones con las 72 horas que dicta la ley y que éstas comiencen el viernes 13. También han solicitado a la mesa que autorice la última semana de febrero como período hábil.

El PP se compromete a que el tiempo, que considera adecuado, no sea un obstáculo para conocer la verdad. David Pérez se muestra partidario de prorrogar la comisión (sería hasta el 31 de marzo), pero advierte que ello dependerá de que lo que se busque con ello sea esclarecer los hechos y no alargar artificialmente el debate. Lo mismo ocurre con las otras dos reivindicaciones básicas que la oposición hizo en la sesión constitutiva y que debe estudiar la mesa: tanto el veto a posibles comparecientes como la posibilidad de repreguntar a quienes declaren dependerá única y exclusivamente del voto mayoritario popular. Como aviso, Benjamín Martín Vasco ya dio muestra en su primera sesión al frente de la comisión de que no dejará que la oposición se salga ni un ápice del orden establecido.

Verdades y tapaderas
La investigación por tanto comienza y lo hace con las espadas políticas en todo lo alto. Como ya había anticipado el tenso Pleno de la Asamblea que este jueves le sirvió de ensayo, los grupos políticos están dispuestos a buscar "la verdad", aunque para cada uno tenga ya su propia conclusión. Según David Pérez, "hoy es el día de la verdad" y las investigaciones desmantelarán unas acusaciones "falsas" de las que el PSOE está haciendo "un aprovechamiento político de forma descarada", entre otras formas, con la presencia de su líder regional, Tomás Gómez, este viernes en la Asamblea a pesar de que no es diputado.

La oposición quiere aclarar quién, cómo y por qué encargó los dossieres de la polémica y si estos "han sido pagados con dinero de todos los madrileños", dado que, afirma, el Gobierno de Esperanza Aguirre está bajo sospecha. El problema es que PSOE e IU ven desde el inicio una clara "ausencia de voluntad" en el Ejecutivo para llegar hasta el fondo del asunto. Según Inés Sabanés, si esas preguntas no son contestadas denunciará el "escándalo" y la inutilidad de la comisión. El calificativo de "tapadera" lanzado por los socialistas -debido al control férreo del PP- ya planea sobre ésta desde su misma sesión constitutiva.

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