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Impugnarán sus listas ante el Tribunal Supremo

La Fiscalía se une al 'frente' de Garzón contra los abertzales de D3M y Askatasuna

La Fiscalía ha hecho llegar al Tribunal Supremo una petición (pdf) de impugnación de las listas de D3M y Askatasuna porque "nacen como fruto del impulso y planificación del entorno ETA-Batasuna para estar presente en estas elecciones".

El elemento esencial por el que el Ministerio Público solicita la impugnación de D3M es la acusada presencia en la casi totalidad de las listas electorales de miembros vinculados a partidos políticos ya ilegalizados. En concreto, de los 84 candidatos que integran las listas de D3M, 82 de ellos han tenido vínculos estrechos y recientes con formaciones ilegalizadas.

Esto "pone de manifiesto la estrecha vinculación y la utilización por parte de Batasuna, cuyos más significados miembros han estado presentes en los actos públicos de la agrupación electoral impugnada".

El apoyo de Garzón

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que, tras la impugnación que realizará el Ministerio Público de las listas electorales de Demokrazia Hiru Milloi (D3M ) y Askatasuna ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo tiene previsto pedir al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que suspenda de actividades a ambas formaciones por la vía penal, en el marco del proceso en el que se las investiga por presunta pertenencia a ETA de sus integrantes.

 Conde-Pumpido hecho estas declaraciones durante su visita este jueves en San Fernando de Henares (Madrid) a la nuevas instalaciones de la Audiencia Nacional, donde insistió que, en este asunto, la Fiscalía "actuará en todos los frentes".

   Explicó que a las nueve de esta mañana se ha reunido con el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, para anticiparle la presentación de la primera lista de las impugnaciones, que se dirigirá contra D3M mediante un recurso contencioso electoral. Le anunció también que la Fiscalía procederá mañana contra Askatasuna pero por otra vía, la del incidente de ejecución de sentencia, por considerar que esta formación no es más que una mera continuadora de Batasuna, ilegalizada en marzo de 2003.

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