Gamón, uno de los implicados en la supuesta trama de espionaje regional, protagonizó una tensa y breve comparecencia en el Parlamento regional. Delante de los grupos políticos se limitó a asegurar que sus competencias no están aún reguladas, y que su función es elaborar un "
estudio del modelo de seguridad privada que utiliza la Comunidad en sus 35 edificios y sedes institucionales para hacerla más eficiente".
Por tanto, negó tener ninguna estructura a su cargo y se desvinculó completamente del registro irregular y el robo de un ordenador en el despacho de
Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero
Alfredo Prada. Recordó que este asunto fue sobreseído por los tribunales y pidió que PSOE e IU no buscasen sólo su vinculación con
Esperanza Aguirre, ya que también sirvió a las órdenas de la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega.
Preguntas sin respuesta
La oposición sometió al cargo de confianza de Granados a un exhaustivo interrogatorio, del que Izquierda Unida denunció que no fueron contestadas cuestiones como si realizó vigilancias sobre
Manuel Cobo o los propios
Fernández y
Prada; por qué fue cesado tras el episodio del ordenador y readmitido después; por qué no se querelló contra Fernández cuando este le acusó de robar el ordenador o si él es el "
Sergio" al que se refieren los partes de seguimiento desvelados en los medios de comunicación. Para la coalición, su comparencia fue una "
farsa" que según
Inés Sabanés sólo aclaró que "
Sergio Gamón, alto cargo con sueldo de alto cargo no tiene competencias asignadas excepto redactar un informe, lo cual no deja de ser un escándalo y poco creíble".
Cargo "injustificado" o funciones "inconfesables"
Adolfo Navarro, portavoz socialista, denunció que "
el propio compareciente ha reconocido en sede parlamentaria que no tiene estructura orgánica ni programa presupuestario a su cargo, para lo que a cambio cobra un sueldo de 91.657 euros anuales, según los presupuestos regionales de 2009". Por ello, denunció que "
sólo se pueden deducir dos consecuencias lógicas: o tiene ese cargo de forma injustificada por recomendación de alguien o está haciendo realmente otras funciones que no se pueden confesar”.
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