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Gómez califica de 'varapalo judicial' a Aguirre la sentencia sobre EpC

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, calificó este lunes de "varapalo judicial" al Gobierno regional la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aceptar la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). También criticó a la Comunidad por los retrasos en los pagos a los abogados de turnos de oficio.
Tomás Gómez dijo en la sede del PSM que la sentencia "Es un nuevo varapalo judicial que se ha llevado Esperanza Aguirre", en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva del partido, pero recordó que no es el primer "varapalo" a Aguirre, puesto que tiene precedentes cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló hace dos semanas el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el tabaco.

"Después vino la de Educación para la Ciudadanía, donde Aguirre se convirtió en el ariete del PP en la oposición al Gobierno de España, lideraba esa rebelión contra la Ley, y los tribunales le han puesto en su sitio", arguyó Gómez, quien exigió que "cuanto antes repare el daño hecho a las familias".

Así, aseguró que quieren conocer con qué mecanismos los alumnos que no han cursado la asignatura, "alentados por Aguirre", van a recuperar el tiempo perdido y "no va a afectar de forma negativa a su formación".

Abogados de oficio
Por otro lado, el secretario general del PSM también denunció "retrasos muy importantes" en los pagos de la Comunidad de Madrid a los abogados de turno de oficio, anunció además que esta semana se reunirá con asociaciones de representantes de este sector para tratar su situación.

"La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha estrangulado y está teniendo retrasos importantes con los pagos en una situación financiera muy delicada", apuntó Gómez, quien indicó que se solidarizan con los abogados de oficio y, además, les apoyan en sus reivindaciones.

Así, aseguró que estos profesionales "no sólo reciben impagos importantes por parte del Gobierno regional, sino que no cobra los servicios, ni las guardias, ni la prestación de servicios, que es indispensable en un Estado de Derecho". También se mostró "absolutamente en contra de la privatización de este servicio", calificando la propuesta de "descabellada".
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