Aguirre acepta que la Asamblea investigue el supuesto espionaje

Esperanza Aguirre, presente en un acto junto al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo, aseguró este lunes que el grupo del PP en la Cámara autonómica "va a aceptar" la constitución de la comisión que han exigido los partidos de la oposición. Todo ello con tal de que "en la transparencia, claridad, la luz y los taquígrafos se sepa que el Gobierno regional no ha espiado a nadie".

La dirección nacional del PP se ha felicitado por esta iniciativa y ha suspendido temporalmente la investigación interna que realizaba María Dolores de Cospedal, pero espera que las nuevas pesquisas se cierren pronto para evitar que se siga dañando la imagen del partido -y por ende de Mariano Rajoy- en vísperas de las elecciones gallegas, vascas y europeas. El propio Mariano Rajoy mencionó la cuestión en la reunión que este lunes mantuvo con sus presidentes regionales. Allí, invitó a los presentes a superar el trance y esperó que la Justicia sirva para depurar responsabilidades.

Reglas para la comisión
Las acusaciones de que Francisco Granados habría amparado en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior un aparato de investigación formado por ex agentes de Policía y Guardia Civil son a juicio de ambos partidos lo suficientemente graves para dirimir las posibles responsabilidades políticas. Para llegar al fondo del asunto, la oposición exige que la comisión sea "de verdad y no una tapadera" para que la polémica se diluya en el tiempo.

Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid, quiere que la constitución sea "inmediata" y que no haya límite a la hora de pedir las comparecencias que se estimen necesarias, y tras conocer la decisión de paralización "temporal" de la investigación en el PP, abogó porque fuera De Cospedal a la comisión parlamentaria a declarar  "De Cospedal -dijo- tendrá que ser una de las primeras en comparecer ante esta comisión, puesto que ella ha llevado a cabo una investigación interna y tiene información que le interesa a los ciudadanos y a los parlamentarios".

Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, quiere que la mesa esté "presidida por la oposición" y que se tenga acceso a toda la documentación que se solicite. Precisamente, en la mente de Sabanés está la famosa comisión que juzgó a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que tuvo a su juicio "blindajes" y en la que se dio "un juego de mayorías y minorías" por parte del PP para impedir que se esclareciese la verdad.

La comisión es una exigencia de PSOE e IU, que han calificado el caso de los supuestos espionajes a altos cargos políticos de la región (Ignacio González, Alfredo Prada, Manuel Cobo, Miguel Blesa, Ildefonso de Miguel) con cargo a fondos públicos como el caso "más grave de la democracia en España".

El órgano no contará con limitación de los comparecientes a altos cargos o funcionarios de la Comunidad. Fuentes parlamentarias explicaron a Europa Press que la comisión se extenderá hasta el 28 de febrero, con posibilidad de ampliación de un mes.

La comisión contará de cinco diputados de PP, tres del PSOE y uno de IU, en contra de la propuesta de la oposición, que requería que hubiera cuatro de PP, tres de PSOE y uno de IU.