Hasta ahora, los trabajadores públicos estaban obligados elegir entre ir al médico por la vía privada o la vía pública. En los municipios, la Atención Primaria la recibían en su centro de salud, pero en el caso de Madrid capital su médico de cabecera era obligatoriamente privado. Con el nuevo sistema, dado que el sistema de entidades colaboradoras no puede mantenerse por ley, todos pasarán por defecto al sistema general y utilizarán la mutua como "complemento" para la Atención Especializada, como adelantó este martes Madridiario.
El beneficio, según la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, será doble: por un lado, se pagarán menos facturas a la mutua contratada ya que los residentes en la capital también irán a los centros públicos; por otro los pacientes se repartirán entre el sistema público y el privado en los hospitales haciendo que las especialidades no se colapsen, según un portavoz oficial. Respecto a posibles dobles pagos, cuando un paciente decida tratarse o pedir opinión médica por ambas vías, aseguran que el índice de casos será "poco significativo".
Este razonamiento en cambio no convence a la oposición ni a los propios médicos. El portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, Lucas Fernández, cuestiona que vaya a existir "ningún ahorro" teniendo en cuenta que lo que la Comunidad pagaba a la UPAM lo tendrá que invertir ahora en la Sanidad Pública para tratar a los nuevos pacientes (los funcionarios y sus familiares) que desembarcan en el sistema. Dado que las 150.000 personas para las que ya se está tramitando la tarjeta sanitaria deberán tener asignados su médico de Primaria y sus correspondientes especialistas, advierte que deberá haber una disponibilidad de recursos públicos permanente para atenderles en caso de que no recurran a la mutua privada. Esto, sin contratar más médicos, supondrá cargar las agendas de los profesionales sanitarios "más de lo que ya están".
Saturación si no hay contrataciones
Lucas apunta además a otro aspecto en el que inciden el sindicatos médico FEMYTS, la Asociación de Médicos de Madrid y representantes de los usuarios como la asociación El Defensor del Paciente y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública: la falta de previsión. Todos ellos coinciden en que la ausencia de la planificación ha agravado el problema de las colaboradoras, ya que la Consejería de Sanidad no ha hecho un estudio para saber en qué zonas se repartirán los nuevos pacientes y, por tanto, donde hay que reforzar el personal.
El departamento que dirige Juan José Güemes sí contratará 410 nuevos especialistas, pero los sindicatos profesionales apuntan que esta cifra es claramente insuficiente ya que aunque una Oferta de Empleo Público va a consolidar las plazas de médicos, enfermeros, matronas y auxiliares entre otras con contratos temporales o interinos, esto no va a suponer nuevas contrataciones. Sin ellas, aseguran que se verán desbordados y la calidad asistencial quedará resentida.
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