Sin embargo, la representación legal del lehendakari renunció al sobreseimiento de la causa, al considerar que los acusados ya han cumplido "pena de banquillo", y buscará la absolución y la declaración de la inocencia del lehendakari. "Queremos demostrar, no sólo que la actuación del lehendakari fue legítima, sino la de todos", aseveró.
El letrado planteó una cuestión previa, que luego retiró, en la que argumentó que la vista debería ser suspendida en base a la doctrina Botín, al no existir acusación particular ni ejercer la acción penal la Fiscalía, así como por el precedente sentado por la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de noviembre de 2006, en la que se archivó la querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno central y su Consejo de Ministros, por "autorizar a los líderes socialistas vascos a mantener la reunión del 6 de julio de 2006 con los representantes de la izquierda abertzale".
Casas recordó que entonces, el Supremo consideró "un fraude" pretender limitar, en los tribunales, la "acción política". Tras subrayar que, en seis ocasiones ha solicitado la paralización del procedimiento, y también la nulidad de actuaciones, que han sido rechazadas tanto por el juez instructor, Roberto Sáiz, como por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, afirmó que retira la cuestión previa.
Para la defensa del lehendakari, es importante
"entrar en el fondo del asunto" porque
"queremos demostrar la inocencia, no sólo del lehendakari, sino de todos los demás" y defendió
"el derecho legítimo al diálogo y a la paz de este país". "Lo que hicieron fue legítimo y cabal, que fue dar un paso adelante y buscar soluciones de paz", añadió.
La postura de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscal María Angeles Montes pidió al Tribunal que dicte sentencia "poniendo fin a la presente causa por supuesta desobediencia por la reuniones con Batasuna".
En los primeros momentos de la vista oral, iniciada esta mañana, Montes planteó una cuestión previa en la que solicitó que se acabe el procedimiento penal al considerar que "tal como el Tribunal Supremo afirmó en la sentencia del caso Botín, si la acusación particular o el Ministerio fiscal no ejercen la acción penal, no puede procederse a la apertura de juicio oral sólo con las acusaciones populares".
Aunque reconoció que, debido al caso Atutxa, se puede producir una contradicción en esta doctrina, manifestó que, a su juicio, la que debe prevalecer es la del caso Botín.
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La izquierda abertzale y el PSE, con la fiscal
Además, Jone Goirizelaia, letrada de los representantes de la izquierda abertzale, y Félix Rojo, representante legal de Patxi López y Rodolfo Ares, también solicitaron el archivo de la causa, con argumentos similares a los esgrimidos por la fiscal Montes.
Ambos insistieron en que se han vulnerado derechos constitucionales, como el derecho a la tutela efectiva, al llevar esta caso a juicio, cuando 'la doctrina Botín' el Tribunal Supremo estable que no se puede hacer cuando no existe acusación particular y la Fiscalía no ejerce la acción penal.
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El Tribunal hará público el lunes si suspende o no el juicio
El tribunal finalmente comunicará el lunes 12 su decisión sobre las cuestiones previas planteadas por las partes. La primera jornada del juicio que sienta en el banquillo tanto al máximo representante del Gobierno vasco como al representante del primer partido de la oposición, concluyó antes de las dos de la tarde y se inició a las diez menos cuatro, quince minutos después del horario previsto inicialmente.
El Tribunal se retiró a deliberar sobre las cuestiones previas de las distintas partes y comunicará su decisión el próximo lunes, a las nueve y media de la tarde, en la segunda sesión del juicio.
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