Ahora, a por los refugiados etarras en México

   Los procesados son Juan Ángel Ochoantesana Badiola, 'Ehun'; Ernesto Alberdi Elejalde, 'Raka'; Félix Salustiano García Rivera, 'Yiyo'; Juan Carlos Artola Díaz, 'Mambrú'; María Asunción Gorrochategui Vázquez, 'La Rubia'; José María Urquijo Borde, 'Kinito'; y Asier Arronategui Duralde. Estos seis últimos fueron extraditados por México en mayo de 2006.

   Garzón les imputa en un auto dictado los delitos de integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas, blanquo de capitales procedentes de actividades terroristas y falsedad documental. A todos menos a Ochoantesana y Arronategui les confirma la situación de prisión provisional en que se encontraban, mientras que a éste último le ratifica la libertad provisional con medidas cautelares.

   El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que interrogará a los siete presuntos etarras el próximo viernes, considera que, a partir de la documentación incautada a distintos miembros de ETA, puede deducirse que el ex responsable del aparato logístico, Asier Oyarzabal Chapartegui, entregó entre los años 2001 y 2002 un total de 162.000 euros a Ochoantesana, miembro del citado comité.

   Según el auto de procesamiento, el grupo de refugiados en México estaba estructurado en 'taldes' dirigidos por un comité de dirección que componían cuatro o cinco miembros del colectivo y presidido por un responsable, en este caso 'Mambrú', que tenía la finalidad de "dar cobertura y financiar a los miembros de la organización ubicados en este país".


A las órdenes de la dierección de ETA

   Garzón sostiene que las funciones ejercidas por el colectivo de refugiados en México representan "una continuidad en la actividad terrorista, extendida en este caso al país norteamericano" y están "orientadas, coordinadas y supervisadas por la dirección de ETA". En este caso, sus labores estaban asociadas a los aparatos de falsificación, logístico y financiero de la banda.

   También explica que la entrega de dinero al colectivo etarra en México se hacía mediante transferencias internacionales efectuadas en España o la constitución de fondos de inversión y cuentas puente a nombre de identidades falsas. El reintegro del dinero se hacía mediante operaciones de efectivo y libramiento de cheques nominativos que se cobraban por caja o utilizando a terceras personas, como jubilados "de contrastada afinidad con la causa etarra e incluso con vínculos de unión familiares".

   Además, según el auto, tres de los procesados estaban relacionados con un grupo industrial maderero radicado en México que "podría estar siendo utilizado para la acogida de miembros huidos de ETA" en el país americano.