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Ha optado por hacer sangre en la parte más débil", "constituye un auténtico escándalo", "es desmesurada" "a modo de chivo expiatorio para contentar a la opinión publica". De este modo, describieron hoy los portavoces del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Asociación Progresista de Secretarios Judiciales,
Rafael Lara y
Margarita Martínez, respectivamente, la sanción de dos años de suspensión dictada por el Ministerio contra
Juana Gálvez, la secretaria judicial del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que, dirigido por el juez
Rafael Tirado, no ejecutó una sentencia pendiente por abusos sexuales contra el presunto asesino de la niña
Mari Luz.
Por ello, los representantes de ambas instituciones comparecieron hoy ante los medios de comunicación en una rueda de prensa conjunta en la que manifestaron su "
estupor e indignación por el desparpajo con el que se quiere confundir a la ciudadanía" y en la que anunciaron una serie de medidas en respuesta a la sanción dictada contra la secretaria judicial.
A su entender, la culpa del 'caso Mari Luz' la tiene el
"estancamiento" en el que se encuentra la Administración de Justicia de la que responsabilizan personalmente al ministro Bermejo, para el que piden su cese. "
Por no realizarse esta inversión en medios y estas reformas necesarias que llevan un retraso de cinco años y pretender encubrir el tema con la sanción a la compañera de Sevilla, pedimos el cese del ministro de Justicia por parte del presidente del Gobierno, asumiendo su responsabilidad en este orden de asuntos", reclamaron ambas instituciones.
Asimismo, anunciaron que "
apoyarán con todos sus medios legales, económicos y profesionales a la compañera en las acciones que acuerde plantear frente a la resolución del Ministerio de Justicia en su expediente Disciplinario". Desde que fuese impuesta su sanción la semana pasada,
Juana Gálvez tiene un plazo de un mes para recurrir ante el propio Ministerio su suspensión de dos años.
Un paro de tres horas, solidario
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Los secretarios judiciales estudian tomar medidas de mayor alcance como boicotear la plaza que podría dejar libre la secretaria judicial a raíz de su sanción. "
Dado que la sanción implica una perdida de destino encubierta, de materializarse se valorará recomendar a los compañeros que en los próximos traslados no se solicite la plaza del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla", explicaron.
De momento, lo que sí está decidido es la convocatoria para una
"jornada de paro de tres horas" para el día 21 de este mes, con el fin de exigir al Ministerio y al Gobierno el desarrollo de la Oficina Judicial. A la hora de eximir de culpa a la secretaria, tanto Lara como Martínez aseguraron que "
en las actuales circunstancias, ningún secretario puede controlar la Oficina Judicial, se tiene que hacer manualmente en papel, no existe medio informático".
"Los ciudadanos deben saber que hechos como el ocurrido en el juzgado de lo penal de Sevilla pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar", aseguró el portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, quien además denunció que
"con la actitud de cortar cabezas del Ministerio, este triste caso pasará y nada se habrá solucionado".
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