Henríquez dice que las licencias de Becara corresponden a Urbanismo

El edil popular, tras esperar casi cuatro horas, compareció ante el magistrado como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, lo que achacó a "una venganza" de la familia que denunció las presuntas irregularidades del local.

Poco antes, declararon el ex jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo, Óscar Acero, el ex técnico de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón y el antiguo técnico del Área de Medio Ambiente, Miguel Ángel García Jodar.

Estos dos últimos se encuentran en libertad bajo fianza de 60.000 euros por su imputación en el 'caso Guateque'. Ahora, se les implica en el 'caso Becara' por intervenir en la tramitación de los expedientes de licencias de Becara con informes favorables.

Este procedimiento se inició a instancias de una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle Juan Bravo. Esta familia dio cuenta al juez Torres de una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.

Abierto sin licencia
La titularidad del local corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L., cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación.

Esta denominación obliga a mantener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos. El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el Alto Tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamiento que autorizó el Consistorio de Madrid.

En su comparecencia, el edil popular insistió en que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para Becara, puesto que la competencia le corresponde a la Gerencia de Urbanismo, según indicaron fuentes jurídicas. Adujo que el departamento que dirige Pilar Martínez se encargó en diciembre de 2006 de una solicitud de modificación del local para reestructurar las plantas del mismo. Ello, según el concejal, obligó a "Urbanismo a ocuparse del resto de las licencias", entre ellas la de funcionamiento.

Escrito desautorizado
Admitió que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía ninguna licencia de actividad, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Además, contó que un funcionario de este departamento emitió un informe a favor de que la competencia debía ser para la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Tras ello, Henríquez de Luna se reunió con Pilar Martínez, quien finalmente desautorizó el escrito del citado empleado municipal.

Tras concluir su declaración, el edil popular salió satisfecho del Juzgado al considerar que "todo" quedó "perfectamente claro". "Creo que mi obligación, como la de cualquier cargo público, es colaborar con la Justicia. Espero que este tema sea archivado porque no tiene fundamento jurídico ni de ningún tipo", aseveró.

Arguyó que "todas las licencias se tramitaron en Urbanismo" y añadió que ello "no quiere decir que sean absolutamente legales". Además, insistió en que su imputación se debe a "una venganza" de la familia Goyeneche porque "la Junta les precintó una oficina que tenían en la segunda planta". "Estoy convencido que se hará justicia. Por fin he podido aclarar todos los extremos sobre esta desgraciada imputación en la que me he visto incurso", concluyó.

Absoluta inocencia
A las puertas de las dependencias judiciales, Granados expresó "el afecto, cariño y la confianza en la absoluta inocencia" del edil popular de los afiliados y de todos los miembros del partido.

El también consejero de Presidencia, Justicia e Interior trasladó a los medios congregados que "este asunto no tiene ni pies ni cabeza", tachando de "absurdo que a alguien se le impute por la concesión de una licencia cuando ni siquiera era concejal en el momento en que se tramitó".

"Estamos absolutamente perplejos y pedimos al juez que esto se aclare cuanto antes porque en el caso de la gente que se dedica a la política hay una pena de banquillo que no se soluciona con la absolución. El daño mediático ya está hecho", aseveró. Granados puso como ejemplo el caso de Luis Armada, del ex viceconsejero de Transportes, por su imputación en el caso Guateque. Según el consejero, "quedó demostrado que no había ninguna base para su acusación".

A preguntas sobre por qué esta tienda ha estado cinco años sin licencia, el consejero contestó: "No tengo ni idea si tiene licencia. Pero me consta que se le imputa algo que es imposible, porque no tuvo ninguna participación".  "Henríquez de Luna no era ni concejal ni siquiera estaba en el Ayuntamiento" cuando se produjeron los hechos, insistió Granados.