El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, anunció este jueves que el primer consistorio de la región está "obligado" a denunciar cualquier cambio en los convenios vigentes, como sería que se pase de una adjudicación a una empresa pública a una adjudicación directa "ilegal" a una "empresa privada".
En su opinión, los dos convenios actualmente fijados entre Ayuntamiento y Comunidad (el de distribución del agua, hasta 2010; y el de saneamiento, hasta 2036) fijan la implicación de cada administración en la empresa. Dejó claro que cualquier cambio en la misma no se ajusta al acuerdo vigente, por lo que el Ayuntamiento tendría que proceder a denunciar ese texto, según marca la legislación de la Unión Europea. Además, aseguró que su corporación "no entiende" cuál es el fin de
crear una empresa mixta, decisión de la que, según UGT, el Consejo de Administración del Canal "no está informado".
El primer edil de Madrid no se mostró preocupado de la nueva situación ya que lo considera "una buena oportunidad para que la ciudad mejore su servicio de agua", así como los mayores réditos que dará al Consistorio el nuevo contrato. El alcalde apostó por continuar con una distribución del agua "unificada", en contraposición a la opción de zonificar la ciudad que se tomó para adjudicar contratos como el de recogida de basuras o como se hará próximamente con el alumbrado.
La gestión saldría a concurso
La ruptura con el Canal no se quedaría ahí, ya que obligaría al Ayuntamiento a devolver la parte proporcional de los 770 millones de euros que dio la empresa regional al Ayuntamiento como contraprestación por la gestión de los estanques de tormentas. La capital tendría que abrir un concurso público a nivel europeo -al que se podría presentar el Canal- y adjudicaría a una nueva empresa la gestión del agua. Sería esta quien asumiría la devolución, mientras que el Ayuntamiento le pagaría a la concesionaria ese dinero integrado en la cuota por sus servicios.
Los municipios disconformes con la conversión del Canal en empresa mixta podrían seguir el ejemplo de la capital y convocar sus propios concursos, aunque Ignacio González, presidente del CYII, aseguró este jueves que no serán los gobernados por el PP los que sigan esa senda.
González conocía la noticia justo tras el Consejo de Gobierno e instaba a Gallardón a explicar si lo que quiere es "más dinero" -en un concurso ganaría la oferta más rentable-. El portavoz autonómico lanzó además un
aviso a navegantes: "Muchos ayuntamientos no podrían dar los servicios que dan si no es por la red del Canal de Isabel II. Saben que la garantía de abastecimiento sólo la puede dar el Canal".
Los trabajadores se movilizan
La decisión de Ruiz-Gallardón pilló por sorpresa al Ejecutivo de Esperanza Aguirre, que de momento sólo contaba con la 'insumisión' de los ayuntamientos del PSOE, entre ellos Parla, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón o Aranjuez y las denuncias en contra de
oposición y sindicatos. El Partido Socialista de Madrid ha comunicado además que estudiará la forma legal de parar la privatización. Las medidas a tomar se harán públicas tras la reunión de la Comisión Permanente de la ejecutiva, este viernes.
El comité de empresa del Canal también se reunirá este viernes a las 10 de la mañana. Ante la posible entrada de empresas en busca de rentabilidad, el pleno extraordinario de trabajadores discutirá las posibles movilizaciones y reivindicaciones, entre ellas el mantenimiento de los puestos y de los salarios.
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