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La comisión para la Operación Campamento no agrada a los vecinos

La comisión interministerial anunciada por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, para dar impulso a la 'Operación Campamento' no ha sido recibida demasiado bien por los futuros vecinos del desarrollo porque temen que todo "quede en palabras".
Corredor anunció durante el XI Congreso Regional del Partido Socialista de Madrid (PSM), celebrado el pasado fin de semana, que desde el Ministerio se encuentran gestionando una comisión de suelo público "para ponerla a disposición de la vivienda protegida". Dentro de esa comisión, que se pondrá en marcha "desde este mismo mes", como aseguró, se enmarcan las conversaciones con el Ministerio de Defensa, titular de los terrenos de la 'Operación Campamento'. "Creemos que son sólo buenas palabras, así que o lo impulsamos todo un poco desde el movimiento ciudadano o se queda en nada", manifestó el presidente de la asociación Opecam, Jesús Álvarez Plaza.

Ese impulso ya tiene fecha: el mes de noviembre es el que se apunta desde Opecam para convocar una manifestación ante la paralización del desarrollo. "Ellos (las administraciones) ven que tienen suelo y una serie de compromisos en obra pública. Entonces se dan cuenta de que con la 'operación Campamento' hay una posibilidad de ejecutarlos, por lo que lanzan lo de la comisión, para que la gente diga que es posible pero creo que eso depende de muchos factores, que hay mucha burocracia por medio", destacó el presidente de esta entidad, que agrupa a vecinos de Latina y Carabanchel para solicitar el acceso prioritario a las futuras viviendas.

La de la ministra de Vivienda no fue la única referencia a la operación Campamento en los últimos días. El mismo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró también en el cónclave de los socialistas madrileños que confía en el desbloqueo de la operación con "un acuerdo entre el Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento porque lo necesitan miles de madrileños".

"Para nosotros es más de lo mismo, la prueba de que se quiere desbloquear sería alguna iniciativa, además de las manifestaciones, porque ya estamos cansados de ellas después de que en 16 años sólo haya habido palabras", subrayó Álvarez Plaza. El presidente de la asociación explicó que aún está pendiente de realizarse una entrevista con el Ministerio de Defensa, un encuentro que quedará relegado hasta que quede designado el nuevo director general. "Y ahora se nos abre un frente más con la comisión anunciada por Vivienda, con los que también tendremos que tratar", añadió.

Menos viviendas

Preguntado por la solución que se podría dar a corto plazo, Álvarez Plaza vería con buenos ojos que los trabajos de la 'Operación Campamento' empezaran por construir las viviendas en la zona de los cuarteles, una área asentada en suelo calificado como urbanizable. Esta opción supondría rebajar la previsión inicial de viviendas, que pasaban por 22.000, pero evitaría futuras ordenes de derribo al levantarse en terrenos inicialmente protegidos por su interés ecológico debido a los arroyos Valchico y Meaques.

Otra de las reivindicaciones de Opecam, que cuenta con 9.700 asociados desde que se constituyó, el pasado enero, pasa porque la esperada adjudicación de los terrenos de este desarrollo se dé a "compañías de solvencia acreditada", una preocupación directamente vinculada a la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa.

Todo ello sin olvidar otra reclamación a las administraciones públicas, la necesidad de llevar a cabo un control "exhaustivo" del proceso de adjudicación y que se limiten los plazos de tiempo para la ejecución de la obras con el fin de que no se demoren "por intereses particulares". El fondo de la cuestión son los desarrollos del sureste, como Los Ahijones, en los que muchos cooperativistas siguen sin sus viviendas doce años después de haber empezado a pagar cantidades que rondan los 30.000 euros.

Desarrollos anulados

Mientras los ciudadanos muestran su descontento por la paralización, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) les dio otro motivo de malestar: el pasado 3 de julio publicó dos sentencias, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Supremo, por las que se anulan 22 desarrollos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) de 1997 y que afectan, entre otras, a la 'operación Campamento'.

La publicación en el BOCM se produjo después de que la Comunidad de Madrid aprobara en el Consejo de Gobierno del pasado 24 de enero el visto bueno a la justificación medioambiental presentada por el Ayuntamiento de Madrid para construir una veintena de nuevos desarrollos urbanísticos en la capital, contemplados en el PGOU de 1997.

En ese año el Ayuntamiento de la capital cambió el uso de unos terrenos incluidos en el Plan de 1985 para convertirlos en urbanizables y poder construir una serie de desarrollos. Esta decisión fue recurrida ante el TSJM por el PSOE al considerar que el cambio de uso no estaba justificado. Tras estudiar el caso, el Tribunal anuló en 2003 algunos ámbitos de este plan al entender que faltaba una memoria medioambiental. En el Pleno de noviembre de 2007, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón aprobó lo que consideró una correcta denominación urbanística para la veintena de desarrollos para presentarla a la Comunidad de Madrid, que la aprobó.
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