El boicot de Aguirre a Ciudadanía se queda corto para los 'objetores'

Así, la plataforma exigió al Gobierno regional que "diga lo mismo que algunos tribunales que se han pronunciado a favor de la objeción de conciencia", pues a ello se comprometió y "no lo está cumpliendo".

   El ejecutivo madrileño envió ayer una circular a los centros educativos donde establecía una alternativa a esta asignatura, pero a juicio de Profesionales por la Ética, no declaró exentos a los alumnos de realizarla "hasta conocer la sentencia del Tribunal Supremo".

   Según la plataforma, la instrucción de la Consejería reconoce haber recibido escritos en los que los padres comunican que, "por razones de conciencia" y en ejercicio del "derecho fundamental a la libertad ideológica reconocida en el artículo 16 de la Constitución española" han decidido que sus hijos no asistan a las clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o Educación ético-cívica (ambas materias forman parte del área curricular de Educación para la Ciudadanía, para 2º y 4º de ESO respectivamente).

   Profesionales por la Ética recordó que la postura de los padres ha sido ya respaldada por Tribunales Superiores de Justicia en otras comunidades autónomas, que han exigido a las correspondientes Administraciones educativas que declaren exentos a los alumnos objetores de la obligación de cursar esta asignatura.

   Asimismo, agregó que en la circular se establece que los objetores deberán realizar un trabajo individual sobre la Constitución española y los valores que la informan, la libertad, la justicia, la igualdad, y el pluralismo político y prestar alguna actividad de voluntariado. Esta situación se mantendrá hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia unificando la doctrina entorno a la objeción a Educación para la Ciudadanía.

Para el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, es "positivo" que se reconozca la existencia de objeciones de conciencia, cuyo número asciende al menos a 11.531 en la Comunidad de Madrid, según sus cálculos, y que se establezcan actividades alternativas que garanticen la adecuada atención educativa.

   Sin embargo, aseguró que el Gobierno madrileño "debería declarar exentos de estas asignaturas a los objetores, ya que ese fue el compromiso que adquirieron en marzo y que han reiterado en diversas ocasiones tanto desde la Consejería de Educación como desde la propia Presidencia".

   Además, aseguró que más de 30 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y gobiernos como el de La Rioja (gobernado por el Partido Popular) ya han declarado exentos a los alumnos objetores, e insistió en que la resolución del Tribunal Supremo "no será definitiva". "Estamos dispuestos a llegar a Estrasburgo en defensa de nuestros derechos fundamentales", añadió.

   En este sentido, Urcelay instó a los padres a objetar masivamente en este principio de curso, ya que "el área de Educación para la Ciudadanía se implanta en toda España". Por último, señaló que "las polémicas asignaturas han provocado ya 44.513 objeciones y unos 500 recursos judiciales, y a pesar de ello, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, aseguró hace unas semanas que no hay ningún problema con Educación para la Ciudadanía y se implanta normalmente".