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Juan Bravo pide reformas en el sistema de financiación local

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, pidió "una reforma sensata, responsable e inmediata del sistema de financiación local, que dé una respuesta coherente a los problemas y necesidades de los ayuntamientos", durante su ponencia en las Jornadas sobre 'El futuro de la finaciación local', que tuvo lugar este viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.
Para el concejal, ésta es "la única solución viable" para las administraciones locales, ya que una gestión eficiente de los tributos municipales no es suficiente si "el Estado no incrementa la financiación de los ayuntamientos", porque "el panorama que se le presenta para el año que viene a estas entidades es desalentador".

Con datos en la mano, Bravo indicó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan para 2009 una reducción de la financiación provisional de las entidades locales del 0,60 por ciento. "Esto va a suponer que los ayuntamientos dejen de percibir 90 millones de euros por este concepto, cuando en 2008 se incrementó en 905 millones. Si esta financiación se incrementara sólo el 4 por ciento, lo mismo que el IPC, el aumento debería ser de unos 700 millones de euros", aseguró.

Además, al calcularse la financiación provisional de los ayuntamientos en base a la previsión de los ingresos tributarios del Estado, los consistorios pierden dinero, porque "la experiencia de los últimos años demuestra que estas previsiones siempre son muy inferiores a la realidad". Por ejemplo, según datos del Ayuntamiento de Madrid, en 2007 el porcentaje de recaudación previsto fue del 24,29 por ciento, mientras que el real llegó al 36,49 por ciento. "Es decir, se recaudaron 9.371 millones de euros más de lo calculado por PGE", resumió el edil.

"Para 2009, los ingresos previstos son del 30,3 por ciento, sensiblemente inferiores a los de años anteriores. Estas previsiones tan escuetas sólo benefician al Estado, que disfruta de una financiación gratuita con cargo a las haciendas locales y a las comunidades autónomas", criticó el delegado de Hacienda, quien considera que la situación actual de crisis  económica "no es la más propicia para que la hacienda local haga de entidad financiera de nadie y menos a un tipo de interés cero".

Gestión eficaz
Por otra parte, Bravo enumeró los cuatro problemas que dificultan  una gestión eficaz de los impuestos locales: la territorialidad, la potestad normativa, la gestión compartida con otras administraciones y la estructura tributaria de los ayuntamientos.

"El principio de territorialidad implica que los derechos con los que se dota a cualquier Administración para poder cumplir sus funciones se limitan a su propio territorio. Esta situación impide, por ejemplo, perseguir el fraude fiscal fuera de sus fronteras, lo que contribuye a trasmitir una imagen de impunidad", afirmó.

Por eso, el líder madrileño propone "seguir el modelo de entidades como la Diputación de Álava, que ya ha concedido a las entidades locales la capacidad de actuar fuera de su territorio en materia de recaudación y de inspección tributaria".

Respecto a los problemas derivados de escasa definición de la capacidad normativa de las entidades locales, Bravo defendió que se les conceda un mayor espacio de autorregulación para que puedan desarrollar directamente las disposiciones legales en materia tributaria. "Esto permitiría una mejor adaptación de la normativa a las necesidades específicas de los municipios y sería además más coherente con el principio de autonomía local", justificó.

"Otra cuestión que origina numerosos problemas de gestión a las entidades locales es el hecho de que los principales tributos locales (IBI e IAE) son de gestión compartida con otra Administración. El impuesto de circulación (IVTM), aunque es de gestión municipal, también está vinculado a otra Administración, así que la hacienda local únicamente tiene competencias para la liquidación y recaudación de estos tributos, pero sus elementos esenciales (valores, titulares, domicilios, bases...) los fija otra Administración", explicó.

Estas disfunciones causan tres efectos perjudiciales claros para Bravo: el quebranto económico al municipio, la elevación de los costes de gestión y la insatisfacción del contribuyente, "que atribuye todas las responsabilidades a su Ayuntamiento porque es quien cobra el tributo". "Para mejorar y simplificar la gestión de los impuestos hay que modificar la legislación para que incluya el establecimiento del valor referencial único", apostó Bravo.
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