En el programa humorístico de TV3 Polònia, hay un gag repetido: José Luis Rodríguez Zapatero se reúne con los dirigentes de la Generalitat y negocian. Todo parece normal hasta que Montilla y Carod huyen despavoridos. Cuando les preguntan por la razón del pánico explican que han llegado a acuerdos con Zapatero en todos los puntos que planteaban. “¿y entonces a que viene tanto escándalo?", les inquieren, y la respuesta llena de espanto es: “es que nos lo ha prometido”...
Rememoremos. Existe un nuevo estatuto aprobado por las Cortes y refrendado por los catalanes. Existen, también diversos recursos al Constitucional. Pasa también que los magistrados de dicho Tribunal han dado un penoso espectáculo a cuenta de un presunto apoyo o animadversión al texto catalán de las facciones a los que se les vincula. Pero sea como fuere, el Estatuto es una ley orgánica vigente.
En segundo lugar el sistema de financiación de Cataluña, que funcionó en los últimos dos años gracias a que se basa en impuestos cedidos muy vinculados a la actividad económica: transmisiones patrimoniales, especialmente, y también al consumo, se halla en horas bajas.
Incremento de población
Un tercer elemento es el incremento en Cataluña de las necesidades sociales a causa de la importancia numérica de la inmigración. Cataluña tenia tradicionalmente seis millones de habitantes y ahora supera en mucho los siete, censados.. Pero las infraestructuras, especialmente sanitarias y de educación tienen una dimensión que era justa para seis millones y claramente insuficiente para la demanda actual.
En el texto estatutario se afirma que antes del 8 de agosto tienen que haberse negociado los aspectos fundamentales de la financiación autonómica, y ahí le duele a la criatura. Todo parece indicar que en Madrid no hay prisa para cumplir plazos y, por contr,a en Barcelona se mira insistentemente al reloj.
La Generalitat se agarra al espíritu y también a la letra del Estatuto para intentar realizar una negociación bilateral con el Gobierno Central. En Madrid se mira de reojo al resto del país porqué se teme que empezar una negociación como quieren en Cataluña sea algo parecido a dar una patada a un avispero. Ya se sabe que una nueva distribución del dinero significa que unos ganen y otros pierdan. Autonomías política y electoralmente tan importantes como Andalucía han planteado como condición imprescindible que el pacto al que se llegue lo sea en el marco en el que estén todas las autonomías. Es lo que se llama multilateralidad.
Justo antes de empezar la negociación de la financiación autonómica con Cataluña explotaba el globo en el que vivía la economía española. Felipe González, expresidente y figura de gran peso político entre los socialistas, quizás queriendo matar dos pájaros de un tiro aconsejó en un artículo en prensa aplazar la negociación sobre la nueva financiación hasta que se recuperase el pulso económico.
Crisis económica
José Montilla, el presidente de la Generalitat, ex ministro con Zapatero y nada sospechoso de efusiones nacionalistas salió al paso de las recomendaciones de González, que habían sido acogidas muy positivamente por Solbes, con un contraataque en toda regla. Con artículos en los principales diarios españoles y con entrevistas en los medios de ámbito nacional, Montilla puso las razones de la Generalitat sobre la mesa: las leyes, todas, se han de cumplir. El estatuto es una ley y hasta que los tribunales no se pronuncien está vigente. La financiación que pide Cataluña es imprescindible, afirmó, para evitar que una de las locomotoras económicas españolas deje de cumplir su cometido y también, todo sea dicho de paso para cerrar el camino a lo que llamó la desafección hacia España de parte de la población catalana, para evitar que en Cataluña aparezca algún fenómeno como la Liga Norte italiana.
La situación actual es clara: desde la Generalitat se ve con preocupación el escaso entusiasmo del Gobierno Central no sólo por pactar la financiación sino por realizar las transferencias incluidas en el Estatuto. Ya se sabe que transferir significa dotar económicamente aquellos servicios que se delegan, y no está la dolorosa para tafetanes.
Un ejemplo explicativo del callejón sin salida en el que se encuentran las transferencias es el ámbito de cercanías de Renfe. Hace un año Zapatero “prometió” que unos meses se pasaría el servicio a la Generalitat. La primera reunión para fijar plazos de dicha operación sirvió para aplazarla hasta una fecha ahora desconocida. La Generalitat explicó entonces que el documento del Gobierno justificativo del traspaso tenia un folio y medio de extensión y que en él no había casi valoraciones económicas. Ahora se habla que dentro de un año quizás Cercanías se haya traspasado. Mientras se filtra que Madrid estudia traspasar el servicio de trenes de cercanías a todas las autonomías, lo hayan pedido o no.
Reuniones aplazadas
Sin ir más lejos, el martes pasado la Generalitat también aplazó la celebración de la comisión bilateral entre el Estado y la administración catalana prevista para el lunes, según confirmó el conseller de Política Territorial y Obras Públicas,
Joaquim Nadal. Este anuncio llega después de que transcendiera de que el Govern optara por aplazar la reunión de mañana jueves de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat, por falta de acuerdos entre las partes.
Pese a estos aplazamientos, Nadal aseguró que ambas comisiones se celebrarán a finales de julio, aunque no concretó ninguna fecha exacta. En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Nadal dijo que el Govern "se mueve por resultados tangibles, y hasta que no vea posibilidades concretas de acuerdos tangibles, no tiene ninguna necesidad de precipitar las fechas de las reuniones".
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