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Continúan las declaraciones

Prisión incondicional para dos implicados en el 'caso Estepona'

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, encargada del caso contra la corrupción municipal en dicha localidad, ha decretó este jueves prisión incondicional sin fianza para el ex edil del equipo de gobierno y actual concejal por el Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo.

A Crespo, detenido en la madrugada del martes y primero en declarar este jueves durante cerca de dos horas, se le imputan inicialmente los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, según informaron fuentes judiciales.

 Por otro lado, la jueza ordenó también prisión incondicional sin fianza para el ingeniero, técnico del Área de Urbanismo, Javier Wittmeur, quien declaró durante unos 45 minutos, al que se le achacan indiciariamente los delitos de falsedad en documento público, fraude y malversación de caudales.

Por otro lado, la instructora prevé dejar para este viernes las comparecencias del alcalde, Antonio Barrientos; su jefe de Gabinete, José Flores; el concejal del PES Manuel Reina, el edil de Hacienda, Francisco Zamorano; y el abogado y miembro de la ejecutiva local del PSOE, Juan Simón, que llegó esta mañana detenido a los juzgados, aunque posteriormente fue trasladado de nuevo por la Policía.

Desde que el martes por la tarde comenzaran las declaraciones de los detenidos en la denominada operación 'Astapa', la instructora decretó libertad provisional para todos los que pasaron a disposición judicial. De estos 13 arrestados --de un total de 26-- 10 quedaron en libertad bajo fianza, que tendrán que abonar en un plazo de tres días; y el resto, sin fianza, aunque todos con cargos.

La fianza más alta por el momento, de 500.000 euros, fue la impuesta al ex consejero delegado de la sociedad Valle Romano Luis Fernando Linares, imputado por los delitos de fraude y malversación. Asimismo, para el presidente del Grupo Prasa, José Romero, al que se le imputan inicialmente delitos contra la administración pública, cohecho y blanqueo, se fijó una fianza de 300.000 euros, misma cantidad que al empresario Antonio Bazán por presunto fraude y malversación de caudales públicos.

 

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