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El PP, de nuevo sólo en el Congreso

España se queda sin 'contrato de integración' por ahora

Todos los grupos parlamentarios mostraron este martes su rechazo a la proposición del Partido Popular para implantar un 'contrato de integración' dirigido a los extranjeros que quieran vivir en España, al entender que esta iniciativa tiene un carácter xenófobo y vulnera el principio de igualdad ante la Ley.

Tanto el PSOE como CiU intentaron negociar 'in extremis' con el PP sendas enmiendas de sustitución dirigidas a promover un pacto de Estado en materia de inmigración, entre las diferentes formaciones políticas. Los 'populares' no aceptaron estas enmiendas, por lo que su iniciativa fue rechazada en la votación, a primera hora de la noche.

El PP entiende que su contrato es la base para facilitar "la integración" que, según explicó el portavoz de la formación Rafael Hernando, "sólo puede hacerse efectiva a través del respeto y el conocimiento mutuo entre los ciudadanos extranjeros y los ciudadanos nacionales", en la medida en que "permite" a los inmigrantes "conocer, con el apoyo de las administraciones públicas, nuestra lengua, instituciones, normas, costumbres y valores".

"España es un país abierto pero donde es preciso respetar los derechos que hemos ido alcanzando con el paso del tiempo y que hoy son conquistas sociales logradas por todos y que forman parte de nuestro acervo cultural y normativo, y a los cuales no debemos renunciar por un inane multiculturalismo que aparece a veces como sustento de aquellos que defienden valores no democráticos", sentenció Hernando.

En sentido opuesto se manifestó la portavoz del PSOE en la Comisión de Inmigración del Congreso, Concepción Gutiérrez. Los socialistas rechazan "radicalmente" el contrato por resultar "inútil, redundante e incluso degradante" hacia la legislación española. Además, advirtió que "puede generar movimientos xenófobos" en la sociedad.

A su juicio, "los inmigrantes en España disfrutan de iguales derechos y están sujetos a los mismos deberes que el resto de los ciudadanos". Según dijo, "la ley obliga a todos por igual, por el mismo hecho de estar en el país" y "cuando se incumple el ordenamiento jurídico es la propia ley la que actúa", por lo que no cabe la implantación de un 'contrato' para inmigrantes.

Una iniciativa populista

Esta misma línea argumental sostuvo la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas. En su opinión, el grueso de la población inmigrante acude a España a "buscarse la vida" y quien viaja con intenciones no tan honestas, "firmaría lo que se le pusiera por delante", como, recordó, habían hecho en Estados Unidos los terroristas que atentaron el 11 de septiembre contra las Torres Gemelas.

El diputado Carles Campuzano, de parte de CiU, pidió al PP que transformase su contrato de integración en "un mensaje al Gobierno" para impulsar un "acuerdo de fondo" para hacer frente al "reto" de la inmigración.

Por otra parte, el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, tildó la iniciativa de "populista, prejuiciosa" y contraria a la legislación, mientras que el representante del PNV, Emilio Olabarría, se centró en criticar los aspectos jurídicos de una propuesta que, en su opinión, tiene una "naturaleza difusa" y carece de recorrido.

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