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Unas 400 mujeres eran sus 'presas'

Golpe a la mafia rusa: cae la mayor red de explotación sexual

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la mayor red de tráfico de mujeres rusas para su explotación sexual, que tenía como destino final España y otros países de la Unión Europea. La operación comenzó en noviembre de 2006 y en ella han sido detenidas 76 personas, a las que se les imputa diversos delitos relacionados con la trata de mujeres y su explotación sexual en las provincias de Almería, Granada, Lérida y Gerona.

   Además, 400 personas, en su mayoría mujeres, han sido detenidas por estancia irregular y otras 53 han sido imputadas en Rusia como miembros de esta organización criminal cuya única finalidad era el lucro obtenido con la trata de mujeres desde Rusia para su posterior explotación sexual en España y otros países de la Unión Europea.

   Desde el año 2006, la organización habría recaudado más de dos millones de euros, cantidad que presuntamente remitía a Rusia a través de "testaferros u hombres de paja", para gestionar y dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita que desarrollaba en numerosos locales de alterne.

   Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, las mujeres eran retenidas en pisos 'patera', donde los explotadores acoplaban la máxima cantidad de camas para albergar el mayor número posible de mujeres. De hecho, los agentes llegaron a contabilizar hasta trece camas en viviendas de tres dormitorios. Además, las mujeres debían respetar estrictas normas bajo la amenaza de castigos económicos.


BLANQUEO DE DINERO

   Según determinó la Unidad contra Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), la red criminal estaba compuesta por parejas sentimentales o matrimonios hispano-rusos, propietarios o explotadores de los locales de alterne. En la mayoría de los casos, mientras el hombre gestionaba el local, su pareja se encargaba de contactar con los traficantes y controlar a las mujeres explotadas sexualmente.

   Como norma general, el pago por cada víctima se realizaba mediante envíos monetarios a Rusia, donde aparecen diferentes remitentes y beneficiarios. Cada envío no superaba nunca los 3.000 euros para evitar ser fiscalizados por las autoridades monetarias rusas o españolas.
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