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PSOE e IU piden a Gallardón un informe jurídico del Eje Prado

Los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Madrid (PSOE e IU) pide este viernes al Ejecutivo local un informe jurídico que avale la legalidad del proyecto de reforma del eje Prado-Recoletos de manera 'troceada', tal y como pretende acometerlo ahora el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.
Después de que la Comunidad de Madrid anunciara que someterá el proyecto de remodelación al procedimiento ordinario para establecer las consideraciones medioambientales sobre el área que está calificada como Bien de Interés Cultural (BIC), Gallardón anunció que empezará de manera "inmediata" las obras de las plazas de Las Cortes y Carlos V, fuera de ese área protegida.

Sin embargo, el Gobierno regional aludió a que el proyecto está presentado como un todo, y esgrimió diversas normativas como impedimentos para poder 'trocear' el proyecto. Sin embargo, ayer el primer edil se reiteró en su intención de continuar con sus planes al aludir que el Plan Especial de reforma no es competencia de la Comunidad, ya que no se está modificando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en lo que sí tendría voz el Ejecutivo autonómico. Este viernes se reúne la comisión permanente de seguimiento del Plan, un mecanismo que se aprobó en el Pleno municipal de febrero, donde los tres grupos municipales respaldaron de manera unánime el proyecto. En la mesa se sentarán la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, el portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, y el responsable socialista del área, Pedro Sánchez.

En este encuentro, la oposición pedirá al Ayuntamiento que elabore un dictamen jurídico que avale que dicha solución es viable, tal y como explicó el portavoz socialista, David Lucas, llegando incluso a supeditar la continuación de su apoyo a la iniciativa a los resultados del documento. "Nosotros somos partidarios de que se haga el proyecto tal y como salió del Ayuntamiento con el consenso de todos, pero siempre respetando la legalidad vigente tanto para los bienes de interés cultural como para las zonas protegidas. Así que vamos a solicitar un informe jurídico y, si cumple con la legalidad, apoyaremos la propuesta y, si no, estaremos a lo que jurídicamente se establezca en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y en el PGOU", concluyó el edil.
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