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La Comisión estudia llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Bruselas ve "grave" que continúen las obras de la M-501

La Comisión Europea considera "extremadamente grave" que la Comunidad de Madrid no haya paralizado las obras del tramo dos del desdoblamiento de la M-501, conocida como la 'carretera de los pantanos', pese a que el Tribunal Superior de Justicia  de Madrid declarara nulo el acto de aprobación del proyecto por carecer de evaluación de impacto ambiental. El Ejecutivo comunitario estudia reanudar el expediente sancionador contra las obras de la M-501 y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
El representante del departamento de Medio Ambiente de la Comisión Europea, José Manuel Servert, explicó en una comparecencia ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que el Ejecutivo comunitario había alcanzado un acuerdo para "congelar" el expediente abierto contra la 'carretera de los pantanos' a cambio de que la Comunidad de Madrid admitiera que existía una infracción a la legislación medioambiental comunitaria y se comprometiera a realizar una evaluación de impacto ambiental  global del conjunto de los trabajos.

Sin embargo, la Comisión considera que la decisión del Gobierno madrileño de interponer un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que exige también la restitución a su estado anterior de la zona afectada, "supone un cuestionamiento indirecto de la existencia de la infracción", explicó Servert a los parlamentarios.

"El hecho de que las obras en el tramo dos no hayan sido interrumpidas a nuestro juicio es de una extremada gravedad, que podría no ser coherente con la letra y el espíritu del acuerdo que sirvió a la Comisión en su momento para congelar la continuación del procedimiento de infracción", subrayó el representante del Ejecutivo comunitario.

Expediente sancionador

Bruselas decidirá en los "próximos días" y tras consultar con los servicios jurídicos si reactiva el expediente sancionador. Ello supondría, según señaló el funcionario, llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo, ya que esta era la fase en la que se encontraba el procedimiento antes del acuerdo con la Comunidad de Madrid. La decisión debe tomarla el colegio de comisarios.

El Ejecutivo comunitario valora "muy positivamente" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque "corrobora por otras vías la naturaleza de la infracción que en su momento constató la Comisión y obligaría a la restauración de los terrenos, que es una potestad que escapa a la Comisión Europea", resaltó Servent.

Ésta es la respuesta de Bruselas a la petición realizada este martes por PSOE, IU y el grupo verde en nombre de Ecologistas en Acción y Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible. Solicitaban que la Comisión considerase la actuación del Ejecutivo en las obras de la M-501.

Buena fe
El eurodiputado del Partido Popular, Luis de Grandes, defendió ante la Comisión que el Gobierno de la Comunidad de Madrid inició las obras de la M-501 "en defensa del interés público para reducir la alta siniestralidad" y después ha actuado "de buena fe" al reconocer que había un incumplimiento y comprometerse a realizar una evaluación de impacto ambiental. Por ello, defendió que se respete esta "solución pactada" entre Madrid y Bruselas porque la legislación comunitaria está por encima de la nacional. "No hay que paralizar las obras, pues la sentencia no lo exige ni entra en el fondo", dijo de Grandes.

Paralización de las obras
En el mismo sentido se manifestó el parlamentario popular Carlos Iturgaiz, que enfatizó que la comisión de Peticiones "no está para reprobar a la Comunidad de Madrid" porque "los ciudadanos ya han hablado en las urnas y han dejado muy claro cuáles son sus preferencias políticas sobre la comunidad de Madrid". Iturgaiz resaltó además que la Comisión no tiene poder para paralizar ninguna obra.

Según explicaron fuentes socialistas, la Comisión ha roto el pacto por el que había decidido no llevar al TUE a la Comunidad al considerar que no puede haber un acuerdo político si existe un sentencia judicial. Además, aseguraron que esta decisión implica que la Comunidad tendrá que devolver las zonas a su estado original como señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid si llega a ser firme.

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