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Caja Madrid pide saber cuánto pagará por Gescartera

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, afirmó este martes que la entidad va a pedir al tribunal de la Audiencia Nacional que aclare la cantidad que Caja Madrid Bolsa deberá desembolsar tras ser declarada, junto con 'La Caixa', responsable civil subsidiario de los 87,9 millones de euros defraudados por los responsables de la agencia de valores Gescartera, según determinó el tribunal.
"No sabemos cuánto tenemos que pagar y le vamos a pedir aclaración al tribunal, porque lo tiene que aclarar", afirmó Blesa en un acto celebrado en la Bolsa de Madrid con motivo de la presentación del Madrid-Centro financiero junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Blesa explicó que la entidad provisionará los fondos necesarios para hacer frente al pago, pero que "todavía no se sabe cuándo". Caja Madrid Bolsa anunció el pasado jueves 27 de marzo, día en el que se conoció la sentencia, la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo para lo que tiene un plazo de un mes.

Este es el primer paso para reclamar al tribunal que determine la cantidad que deberán hacer frente. El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró a 'La Caixa' y Caja Madrid Bolsa responsables civiles subsidiarios por su colaboración en el fraude.

Ambas entidades tendrán que hacer frente al pago debido a la situación de insolvencia de los principales responsables de Gescartera, así como las empresas del entorno de la agencia de valores, también responsables civiles subsidiarias.

La sentencia no determinó las cantidades que tendrán que abonar cada una de las entidades, cuestión que se fijará en el momento de la ejecución definitiva de la sentencia, que podría tardar alrededor de tres años, después de que el Tribunal Supremo tramite todos los recursos que se presenten contra la sentencia, según informaron fuentes jurídicas.

Los 87,9 millones de euros podrían ascender a 125 millones si se suman los intereses por los siete años transcurridos desde la intervención y a alrededor de 150 millones de euros si se tienen en cuenta los intereses que se sumarían durante los tres años que tarde en ejecutarse la sentencia.
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