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Valencia se ampara en la sentencia del TSJA

CCOO estudia denunciar por prevaricación a la Generalitat por 'acoger' a los objetores de EpC

CCOO estudia denunciar por prevaricación a la Generalitat por "acoger" a los objetores de EpC

La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) anunció este martes que está estudiando la posibilidad de interponer una denuncia por prevaricación contra la Generalitat después de que la Conselleria de Educación haya anunciado que "dará acogida" a los objetores de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y que estos recibirán una asignatura alternativa amparándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Para CCOO, con este anuncio la Conselleria se sitúa como "incumplidora de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y eleva el nivel y el tono de confrontación institucional con el Estado". Pero además, desde el sindicato consideraron que "aquí no acaba la astracanada, ya que la Generalitat Valenciana, ha ido un poco más allá y la Educación para la Ciudadanía se dará en inglés".

Por ello, en opinión de la entidad advirtieron de que "no aceptamos esta situación, no sólo porque es ilegal, sino también porque conculca uno de los derechos básicos de la infancia, como es el derecho a la educación".

El sindicato recordó que "después de que las elecciones al Parlamento español dieran la victoria al PSOE y quedará confirmado el aval de la ciudadanía a la política desarrollada por el Gobierno de Zapatero los pasados cuatro años, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, se emperra en no reconocer que la LOE es una ley legal y legítima".

De esta forma, el Gobierno valenciano "se sitúa fuera de la legalidad y establece una política antisistema por su enfrentamiento a los principios democráticos de un estado de derecho y por su decisión de romper la articulación del Estado Español con más descaro que el presidente vasco, dado que éste espera consultar sus electores por ver si quieren 'separarse' de las normas estatales sin saber bien cordero si esta opinión podría llevarse adelante y en el caso valenciano, el gobierno autonómico da a los ciudadanos la posibilidad de no cumplir las leyes estatales si así lo desean".

Casos Atutxa e Ibarretxe

Las mismas fuentes sostuvieron que esta acción del gobierno de Francisco Camps es "manifiestamente ilegal y una clara actitud de mofa del Gobierno Central" por lo que los servicios jurídicos de CCOO están estudiando la interposición de una denuncia por prevaricación "contra Camps y todo su gobierno, cuya fundamentación jurídica se está elaborando a partir de los autos y sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco referidas a los casos conocidos como Atutxa e Ibarretxe". Asimismo, anunciaron que se están preparando varias medidas de "presión social".

Con respecto a la vertiente legal, la federación puntualizó que el Consell "ya cambió sustancialmente el currículum de Educación para la Ciudadanía" y agregó que "la objeción de los ciudadanos valencianos ya no es contra la asignatura del Real decreto --la que aquí se impartirá contradice los puntos mínimos establecidos en el ámbito estatal-- sino una medida política por objetar contra una Ley Orgánica".

En esta línea, defendieron que "la decisión de extender los efectos de la Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía a los ciudadanos valencianos no solamente es manifestación de la incultura y miopía jurídica de quien lo propone sino que nos deja ver que para Camps el País Valenciano es una provincia más de Andalucía y por lo tanto puede aplicarnos una sentencia de aquel Tribunal Superior".

CCOO añadió que "Camps está rompiendo España desde el momento que decide no solamente no cumplir una ley aprobada en las Cortes Generales sino hacer campaña contra ella". "Qué ha hecho Ibarretxe que no estén haciendo Camps y su Gobierno?", se preguntaron desde la entidad. 

Por otra parte, recalcaron que el conseller Alejandro Font de Mora ha asegurado que la anunciada decisión cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de su departamento. En este sentido, desde la Federación de Enseñanza exigieron conocer este informe por ver con qué "argucia legal el gabinete jurídico de Consejería avala la decisión de romper la base común legal del estado español y eludir las normas básicas del estado de derecho".

Reivindicaron también saber "quien lo firma para conocer en qué profesionales confían el Consell sus decisiones políticas por avalarlas jurídicamente y poder defenderlos de las presiones políticas que les hayan podido llevar a emitir un informe favorable a una decisión disparatada o denunciar su poca fiabilidad como profesionales si ha sido uno opinión propia basada en su concepto legal".

Desde la federación valenciana señalaron además que para llevar a  cabo esta "burla de derecho" hará falta una contratación o apertura de bolsa para el profesorado de secundaria de historia y filosofía que además tenga la titulación oportuna en inglés y en Primaria lo mismo con el añadido de que todavía no está cubierta la demanda aumentada debido a la incorporación del inglés al primer ciclo de primaria tal y como establece la LOE.

"Cómo justificar un gasto en una nueva plantilla altamente especializada y en precario si todavía no tenemos suficientes centros educativos para atender todo el alumnado valenciano y deben sentar en barracones curso tras curso?", inquirieron.

Esta convocatoria o apertura de bolsa --prosiguieron-- se situaría "fuera del marco legal autonómico actual puesto que no responde a ninguna de las especialidades convocadas en los procesos de concurso-oposición y, además, dará lugar a situaciones de alta precariedad laboral al contratar personal altamente cualificado (se los exigirá titulación superior en dos especialidades) para impartir unas pocas horas en varios centros", auguraron.

Conculcar los derechos de la infancia

Por último, CCOO aseguró que el Gobierno Valenciano está "facilitando los trámites y marco legal para que los padres conculcan los derechos de los hijos a la educación" y recordaron que el derecho a la educación es "uno de los derechos básicos de la infancia reconocido por la ONU". "Una familia valenciana podrá así evitar que sus hijos sean educados en la normas básicas de convivencia del estado de derecho", aseveraron.

Al parecer de CCOO, "queda patente por lo tanto cierta política antisistema llevada a término por el Partido Popular que niega la capacidad de un Estado de Derecho para establecer normas de convivencia y educar su ciudadanía fuera de un marco moral de una religión particular y se arroga la capacidad de confrontar varias comunidades autónomas contra el Estado Español fuera de los principios constitucionales mientras se niega a acatar las decisiones legales de otras siempre que no sean gobernadas por su partido".
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