La fosa común hallada en Alcalá crea conflictos entre la justicia civil y la militar

El Ejército de Tierra localizó varios restos óseos el pasado 11 de febrero durante una excavación para construir un muro perimetral en el nordeste de la base militar de la BRIPAC. Entre los huesos se podrían haber hallado restos del líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Andreu Nin, asesinado en 1937.

Un juez de la jurisdicción militar se hizo cargo de la investigación, puesto que el hallazgo se produjo en territorio propiedad del Ministerio de Defensa. Al carecer la Justicia militar de competencias para realizar pruebas médicas se remitió a un magistrado de lo penal un requerimiento para hacer un peritaje forense que determine el ADN de los restos y su antigüedad.

De este modo, se solicitó al titular del Juzgado número 3 de Alcalá que enviara al lugar una comisión judicial con un médico forense para recoger los huesos, algunos de ellos en mal estado, con la finalidad de someterlos a la mencionada pericia. "Hasta que no estén los resultados del informe no se podrá saber a qué jurisdicción pertenece", insistieron fuentes del TSJM, que añadieron que las pruebas se remitirían al Juzgado Togado Militar que lo investiga.

Si las dudas prosperan, según las mismas fuentes, el caso podría dirimirse en una Sala de conflictos integrada por su presidente, dos magistrados de lo penal y otros dos de lo militar, conforme a las previsiones que contempla el artículo 14 de la Ley de Competencias para resolver este tipo de choques jurisdiccionales.