El juez Torres afirma que había una "trama organizada y estructurada"

  
Entre los expedientes investigados en la Operación Guateque figura el referente al emblemático edificio de Seguros Ocaso, en pleno centro de Madrid. AC 93, principal empresa implicada en la trama, falsificó documentos para solicitar una licencia de oficinas para este inmueble. En el expediente que AC 93 presentó en el Ayuntamiento de Madrid para obtener la licencia de edificio para oficinas figuraba un documento en el que se aseguraba que todas las plantas del inmueble de SEGUROS OCASO se habían destinado a esa actividad.

    Fernando Ruiz Torrejón, funcionario municipal de Gerencia de Urbanismo que fue encarcelado en el marco de la Operación Guateque, se percató del fraude. Revisó los antecedentes del edificio y comprobó que una de sus plantas había estado compuesta de viviendas, por lo que exigió a la empresa AC 93, dirigida por ex funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que le aclarara el asunto. Tras sus declaraciones el juez decidió ampliar los delitos que se investigan en esta trama de corrupción: a los de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias se ha sumado ya el de falsedad documental.

   Además, uno de los principales imputados, el empresario Antonio Sanz, podrá salir en libertad provisional si paga una finaza de 100.000 euros que le ha impuesto el juez.

Se levanta parcialmente el secreto de sumario

La decisión del magistrado fue trasladada la mañana de este viernes a los abogados defensores de los nueve imputados, funcionarios del Consistorio y varios empresarios, que cumplen prisión preventiva por participar en la supuesta red de cobro de sobornos a cambio de agilizar licencias. Se les acusa de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

    El instructor, que investiga el caso a raíz de la denuncia de un particular, ha levantado el secreto del sumario recogido en un total de ocho tomos de la causa (4.107 páginas), de los diez que engloba la totalidad del procedimiento. Por el momento, los letrados aún no han podido hacerse con el sumario, al existir "un problema material" ante el gran volumen de páginas. En total, faltan dos volúmenes por revelar.

    Según informaron a Diariocrítico fuentes de la defensa de los imputados, el martes, las partes irán las partes a ver el sumario. Estas mismas fuentes esperaban que el levantamiento fuese acompañado de la liberación de más detenidos. Sin embargo, aseguran que el juez Torres ha respondido que hasta que no termine diligencias no tomará más decisiones.

Las partes del proceso, abogados y la representación legal del Ayuntamiento de Madrid (que ejerce la acusación particular), podrán acceder a la mayor parte de los datos recabados hasta ahora en la investigación. Estos meses, el procedimiento se centró en el análisis de los 187 expedientes considerados sospechosos y de la documentación incautada en los 24 registros practicados hasta ahora.

Asimismo, parte de la información obtenida por el magistrado proviene de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y en las propias manifestaciones de los imputados ante el juez. A mediados de diciembre, Torres prorrogó por un mes el secreto sumarial, lo que limitaba el conocimiento de la investigación al propio instructor y al fiscal astrito al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, César Estirado.

En libertad

  Al parcer el juez Torres tiene previsto en los próximos días dejar en libertad a alguno de los nueve detenidos en la primera y segunda fase de la operación. Hasta el momento, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, fue la única que ha abandonado la prisión tras hacer efectiva una fianza de 20.000 euros.

    Las últimas detenciones se llevaron a cabo el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).

    De la primera fase, cumplen prisión Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, entre otros.

El supuesto 'cerebro' de la trama
 
    Varios de los funcionarios imputados en el caso, entre los que se incluirían algunos de los encarcelados, mencionaban el nombre de Ceballos, para exigir a empresarios comisiones ilegales a cambio de la concesión de licencias para la apertura de locales de ocio y bares, informaron fuentes próximas a la investigación.

   Estas mismas fuentes indicaron que del sumario, cuyo secreto fue levantado hoy parcialmente, se desprende que algunos de los empleados públicos implicados en la trama, en su mayoría de Medio Ambiente y de distintas Juntas Municipales, exigían elevadas cantidades de dinero ilegales alegando que así lo había establecido Ceballos, su superior directo.

   El supuesto 'cerebro' de la trama ingresó en la prisión de Alcalá Meco en la madrugada del pasado 18 de diciembre por orden del juez Santiago Torres, que instruye desde abril el procedimiento a raíz de la denuncia de un particular. Ceballos acusado de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

   El pasado 26 de diciembre, el considerado cabecilla de la red compareció de nuevo ante el magistrado, quien le inquirió sobre multitud de expedientes concretos de hace cuatro años, algo que provocó cierto malestar en su defensa, teniendo en cuenta que entonces era máximo responsable de miles de licencias.

   En el interrogatorio, Ceballos negó todo cobro de comisiones a cambio de agilizar los permisos preceptivos para la autorización de la apertura de locales. "Yo no he recibido nada, ni yo lo he pedido, ni nadie me lo ha ofrecido", manifestó.

24 Personas detenidas

   Hasta este viernes, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales.

    El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la primera fase de la operación 'Guateque' con la detención de 16 funcionarios, entre empleados públicos y técnicos, que posteriormente se elevó a 19, y se practicaron más de una quincena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios.