En la polémica ha terciado también Maria Antònia Alegret, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el máximo órgano judicial catalán. La jurista ha considerado que la actuación del juez, que inicialmente no permitió a los acusados declarar en catalán, está perfectamente ajustada a la ley. Al preguntársela por el hecho de que usualmente hay acusados vascos que hablan en su lengua en la Audiencia Nacional con los correspondientes interpretes, la magistrada afirmó que esa actuación se consideraba “una deferencia” hacia los acusados.
CiU, ERC y ICV se han posicionado en contra de la forma de actuar del juez. Contrariamente a lo expresado por PP y Ciutadans, que han apoyado su decisión. Por su parte los abogados de los condenados han anunciado que recurrirán al Supremo al entender que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus defendidos.
El proceso abierto por la prohibición inicial de usar el catalán y luego la autorización de dicha declaración tiene su importancia porque detrás de los dos primeros ya condenados hay por lo menos 18 acusados más que tienen procesos parecidos. El martes mismo, mientras se realizaba la vista un grupo de independentista volvía a quemar retratos del rey Juan Carlos junto a Franco y quemaban, además, una bandera española.
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