El Ayuntamiento acuerda una comisión de investigación sobre el 'caso Guateque'

Dicha comisión se establecerá después de que se levante el secreto sumarial que ha impuesto sobre el caso el Juzgado número 35 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De esta manera, se cumple la petición del Grupo Municipal Izquierda Unida con el apoyo de los grupos Socialista y Popular, aunque incluyendo una enmienda de este último de realizarla cuando se levante el secreto de sumario. La propuesta del Grupo Municipal Socialista de constituir dicha comisión al día siguiente del Pleno y sin esperar al levantamiento del secreto de sumario ha sido denegada.

Esta fue la conclusión de un Pleno que se caracterizó por la discusión sobre la responsabilidad política de los cargos de libre designación en prisión por la trama corrupta y por las descalificaciones entre los grupos.

El concejal socialista de Urbanismo Pedro Sánchez explicó que en el Ayuntamiento se "convive con la corrupción y se consiente". Aseguró que los imputados Joaquín Fernández de Castro y Carmen Eulalia Ibáñez eran cargos de confianza del grupo en el Gobierno y por eso exigió responsabilidad política al Ayuntamiento.

Recordó que ambos detenidos pertenecieron a una Comisión de revisión del sistema de tramitación de licencias en 2005, y que la Ordenanza que elaboró el Ayuntamiento de Madrid en 2004, aprobada con el apoyo de IU, "se anunciaba como un referente nacional según la concejala de Urbanismo, pero ha resultado ser un referente de los peor que se puede hacer".

También acusó a Cobo de mentir al decir que no había cargos con responsabilidad política en la trama. Criticó también la externalización al considerar que todo el mundo está en contra. Denunció que sólo existen siete inpectores para vigilar las licencias y dos en el departamento de evaluación de las mismas. También acusó al Consistorio de borrar de las actas de la comisión de reforma de la tramitación de licencias de 2005 de Joaquín Fernández de Castro y Carmen Eulalia Ibáñez. Por último, se lamentó de que "tuvo que ser un ciudadano y no el Ayuntamiento el que denunció la situación cuando se tendrían que haber puesto los instrumentos de control para que no ocurriese".

Por su parte, la edil de Urbanismo, Pilar Martínez, respondió explicando que, según el fiscal jefe del TSJM, Manuel Moix, "no se encuentra un caso de corrupción urbanística, ni ningunas relación con la 'Operación Malaya', ni relación de cargos políticos ni de confianza, sólo de libre designación, en la 'Operación Guateque'".

Explicó que desde que se tramitaron las modernizaciones de 2004 y 2005 de tramitación de licencias se han mejorado los tiempos de tramitación de licencias. La edil de Urbanismo aseguró que la causa de los retrasos se debe a la gran cantidad de requerimientos  para la documentación de los solicitantes.

Por ello, anunció la introducción antes de que estallase la trama de varios sistemas de agilización y reforma del proceso y para el refuerzo de la seguridad. También propuso la creación de un sistema de autoconcesión de licencias provisionales y la creación de una ventanilla única para tramitar licencias. Aseguró también que se han vuelto a revisar las denuncias encontradas y no se han encontrado las irregularidades y que la culpa de que no se hubiesen detectado estas quejas se debe a que los denunciantes no se habían dirigido directamente al área correspondiente.

Martínez explicó en su primera intervención que "la lucha contra la corrupción es tarea de todos. ¿Dónde estaban los empresarios, sindicatos, profesionales y grupos políticos cuando ocurría todo esto?". Martínez respondió al edil socialista denunciando que el grupo municipal socialista "ha sacado el manual que le han dicho en Ferraz, para ataca".

Según la edil popular, se trata de "retorcer la realidad para difundir y retorcer la realidad en vez de presentar las pruebas de denuncia en los juzgados". Concluyó su intervención explicando que el primer interesado en resolver la situación de corrupción es el propio Ayuntamiento.

Por otro lado, el portavoz de IU, Ángel Pérez, se preguntó el por qué de la demora para tramitar cada licencia, y exigió que se depuren responsabilidades políticas "ya que atribuir la responsabilidad a los funcionarios es un recurso muy pobre, puesto que los funcionarios sólo hacen lo que los políticos aprueban". Apoyó el sistema de ventanilla única para tramitar las licencias que propuso Pilar Martínez.

Botella recurrió al secreto de sumario
En segundo lugar, llegó la comparecencia de la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella. El portavoz socialista en Medio Ambiente, Pedro Santín, incidió que, aunque Botella tiene una "responsabilidad limitada" en el caso 'Guateque' ya que sólo lleva en el cargo de la Delegación de Medio Ambiente cinco meses, es necesario que se expliquen las responsabilidades políticas de más cargos de libre designación.

Acusó a Botella de tener el problema en su casa y le aconsejó "limpiarla". Según Santín, "el Ayuntamiento tiene la obsesión de convertir este caso en una actuación de funcionanrios cuando hay más responsabilizdades", y aseguró que no se puede descartar la responsabilidad política ya que hay personas de confianza del PP encarceladas y porque es imposible que con dicha situación el Ayuntamiento y los responsables directos de la situación (los directores generales) no tuviesen constancia del tema. Santín consideró un "insulto" que Botella no respondiese a sus preguntas ya que consideró que  la explicación de Botella no habló de la trama corrupta.

La delegada de Medio Ambiente se ciñó al secreto de sumario establecido por el juez Torres para responder a la alocución del edil socialista. Explicó la evolución de la dirección general de Calidad. Respondió a Santín que "insulto lo hace él ya que está pidiendo algo distinto a lo que solicitaron en el acta del Pleno", en el que se solicitaba la comparecencia de la edil de Medio Ambiente para explicar el funcionamiento de la dirección de Calidad y Evaluación Ambiental. También replicó pidiendo que los socialistas utilicen "la misma diligencia" al investigar la trama corrupta de la Delegación de Gobierno.

Acto seguido, la edil de IU Raquel López pidió también responsabilidades a Botella e hizo una comparación con la petición de responsabilidades que exige el PP al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Así, señaló como responsables al alcalde y a los ayuntamientos. Explicó que el apoyo de IU en la comisión de 2004 se debió a la intención de "conseguir transparencia en la tramitación y la reducción de los plazos de los mismos hasta 15 días".

Sin embargo, López resaltó, punto por punto, cómo el sistema que utiliza hasta ahora el Consistorio requiere dos años de burocracia municipal para llevarse a cabo. Para concluir, los portavoces decidieron la constitución de la comisión de investigación.

Ángel Pérez solicitó la comisión cuando se levante el secreto de sumario, considerando que se deben depurar responsabilidades políticas. Aseguró que algo "funciona mal" en el Ayuntamiento. Exigió que se lleven a cabo "radicales reformas" y pidió el acceso a la base de datos del Consistorio para saber la naturaleza de las reclamaciones que se han producido. También advirtió de los peligros de la externalización y la privatización del servicio y pidió al Ayuntamiento "que mejore y se preocupe de utilizar los métodos transparentes conocidos antes de modernizar el sistema".

El portavoz socialista, David Lucas, acusó al Gobierno municipal de "auspiciar" la trama de corrupción y responsabilizar de la misma "hasta a Carlos III". Aseguró que se ha denigrado a los funcionarios y que se "tiene miedo a la transparencia y a la verdad de los procesos democráticos". Mostró como prueba de la necesidad de una comisión inmediata varias cartas relacionadas con la tramitación de licencias. También vinculó políticamente a Fernández de Castro con el PP explicando que dirigió una jornadas sobre Medio Ambiente del Ayuntamiento y que formó parte de la comisión para la revisión de la tramitación de licencias.

Pidió que se depuren responsabilidades políticas y puntualizó que "todo esto ocurre porque Madrid no tiene alcalde porque éste se ha olvidado de la ciudad". Por último, denunció la expulsión de los representantes socialistas en la delegación de Medio Ambiente.

Manuel Cobo
Por su parte, el vicealcalde, Manuel Cobo, criticó al PSOE por usar una "doble vara de medir" con el Ayuntamiento, ya que no se está dando la misma diligencia con la 'Operación Guateque' que con la trama de Delegación del Gobierno y el juicio del 11-M.

Acusó al Grupo Municipal Socialista de acudir a la llamada de Ferraz y aplicar "el manual" para enredar y ensuciar. "Nosotros queremos saber la verdad, como todo el mundo -aseguró-. El Ayuntamiento ha prestado toda su ayuda a los órganos judiciales para solucionar el caso". Sin embargo, indicó que la trama era muy difícil de localizar porque ni el Consistorio ni el juez tenían tanta capacidad de control.

También respondió que los delegados del PSOE en Medio Ambiente tampoco sabían que estaba ocurriendo ya que no eran cargos de importancia, y defendió su apoyo al colectivo de los funcionarios y aseguró que las acusaciones del PSOE sólo sirven para "hacer ruido" y que "el Ayuntamiento es el primer interesado en descubrir la verdad y hacer pagar a los que han extorsionado a los madrileños".