Juicio a dos 'Dominican Don't Play' por asesinar a un Ñeta en Lavapiés

Tras el asesinato del joven, los Ñetas tomaron las calles de la capital para vengar la muerte de 'El Abuelo', como le llamaban sus amigos, y buscar a sus asesinos. No obstante, los padres de Hugo aseguraban entonces que su hijo no pertenecía a ninguna banda latinoamericana.

La Fiscalía de Madrid reclama para cada uno 21 años de prisión por un delito de asesinato y otro de asociación ilícita por su pertenencia a los Dominican Don't Play (DDP), cuya aparición en las calles de Madrid se remonta a diciembre de 2004. Por su parte, el abogado Jesús Garzón, que representa a la familia, pide 23 años para los procesados. 

Además de los 21 años de prisión, el Ministerio Público solicita en sus conclusiones provisionales que los jóvenes paguen una multa de 3.000 euros, así como que indemnicen con 90.954,14 euros a los padres del fallecido.

Puñalada mortal
En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal considera a Sergio Manuel G.C. y a Jaycer Ventura J.C. autores de un delito de asesinato por apuñalar al joven, así como de un delito de asociación ilícita por pertenecer a la banda de los DDP, integrada en su mayoría por dominicanos con edades entre los 15 y los 23 años.

El asesinato tuvo lugar el 1 de mayo cuando un grupo de Dominican Don't Play, integrado por los acusados, acorraló a Hugo Emiliano que se encontraba con dos chicas en la calle del Amparo. Mientras que los jóvenes le propinaban puñetazos y patadas, Sergio Manuel G.C. le clavó un cuchillo de cocina y Jaycer Ventura J.C. le golpeó fuertemente con una piedra en la cabeza, lo que provocó su muerte.

Respecto a los procesados, el fiscal subraya que pertenecen a la banda Dominican Don't Play, "organización de carácter estable, con jerarquía interna que promueve la comisión de actos violentos, sobre todo contra ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, a los que impiden el acceso a las canchas de baloncesto y a otros lugares frecuentados por la banda".

Disolución de los Latin Kings
A finales de junio, una sentencia de la Sección 15 de la Audiencia madrileña ordenó la disolución de los Latin Kings y condenó a 11 de sus cabecillas y miembros a penas de entre tres años y un año y cuatro meses de prisión por asociación ilícita.

Esta resolución sentó un precedente respecto a las bandas latinas, al establecer los requisitos para declarar la existencia de una asociación ilícita. En concreto, se precisa acreditar la unión de una pluralidad de personas para llevar a cabo una determinada actividad, la existencia de una organización con cierta complejidad, la permanencia en el tiempo y que el fin de la asociación sea la comisión de delitos.

De este modo, los magistrados consideraron probado que los Latin Kings realizan "actos agresivos concretos contra los miembros internos del propio grupo, y ajustes de cuentas contra las bandas contrarias como una actividad primordial de la organización. No cabe más que concluir que tenía como un objetivo fundamental la comisión de actos delictivos".