La 'operación Guateque' le sale 'rana' a los socialistas madrileños

   La 'operación Guateque' se está convirtiendo en una auténtica juerga, pero de descalificaciones y acusaciones mutuas entre el PP y el PSOE madrileños. En este fuego cruzado ahora le ha tocado lanzar su descarga al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que señaló que Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales de apertura, entró en el Ayuntamiento por "libre designación" del PSOE y que luego fueron los socialistas los que "le convirtieron en funcionario por ser cuñado de un concejal". Y desde la trinchera socialista han respondido a la andanada de Gallardón recordando que en 2004 ya avisaron que había 2.800 licencias irregulares y que el alcalde "sí lo sabía" porque estas denuncias las llevaron al Pleno.

   "El presunto cabecilla de la red entró por libre designación del PSOE, al que luego convirtieron en funcionario por el hecho de ser cuñado de un concejal", afirmó Gallardón que, tras lanzar la piedra escondió la mano y aseguró que, a diferencia de lo que hacen el PSOE, no será él el que exija responsabilidades a los socialistas por este hecho. Apuntó que en este caso "lo razonable" es que se abra una Comisión de Investigación, que ya ha sido aceptada y se desarrollará próximamente, insistió en que "no existe ninguna disculpa para aquel servidor público que utiliza su cargo para el enriquecimiento personal".

   Ceballos, presunto cabecilla de esta trama de corrupción, ingresó en el Ayuntamiento con contrato administrativo en el año 1980 como personal de confianza del PSOE. Este contrato se le fue renovando anualmente hasta febrero de 1984, cuando logró una plaza de funcionario de la Junta de Distrito de Moratalaz a través de un concurso de oposición que convocó y adjudicó su cuñado, Saturnino Zapata, concejal de Personal del PSOE desde las elecciones de 1983 que ganó Juan Barranco.

   Además Gallardón, en declaraciones a la cadena Cuatro, insistió una vez más en que el Ayuntamiento ha trabajado "conjuntamente con los juzgados" para poner ante la justicia a los responsables de esta trama de corrupción y señaló que la 'operación Guateque' implica a "18 funcionarios de un cuerpo que forman cerca de 26.000", por lo que consideró que "el reproche no se puede extender a toda la función pública".

Réplica socialista

   Pero si Gallardón dice que no va a pedir responsabilidades al PSOE por su intervención en la llegada al Ayuntamiento del cabecilla de la trama, los socialistas sí insisten en pedir cuentas al regidor madrileño al que recuerdan una y otra vez que sabía que existían irregularidades en la concesión de las licencias municipales de apertura y no hizo nada por evitarlo. Así, el portavoz municipal de los socialistas, David Lucas, que recordó que ya en septiembre de 2004, el Grupo Socialista denunció la existencia de 2.800 denuncias ciudadanas de obras sin licencia o no ajustadas a licencia ante el Ayuntamiento de la capital durante la elaboración de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.

   "El alcalde sí sabía que se estaban produciendo ciertos procesos irregulares", espetó el dirigente socialista que señaló que ya en 2004 alertaron sobre "falta de recursos de todo tipo para el control e inspección de la disciplina urbanística" pero el alcalde hizo oídos sordos y "no aceptó las denuncias ni comenzó una investigación sobre el asunto". Además, señaló Lucas, Gallardón también sabía de las irregularidades en Urbanismo a través de las denuncias ciudadanas, "ya que recibió personalmente al menos cinco cartas de un solo vecino denunciando la extorsión a la que se le estaba sometiendo para obtener una licencia".

Expediente a Ceballos

   Interrogado por la presunta relación del cabecilla de la trama y el dirigentes del PSOE, Lucas señaló que Ceballos "empezó a trabajar hace muchos años en el Ayuntamiento, Juan Barranco le abrió un expediente por una denuncia de un particular -un expediente sancionador por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias- y, tras archivarse esa denuncia, este señor fue rehabilitado por Álvarez del Manzano".

   Pero las declaraciones de Lucas encontraron una fulminante réplica en el delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, que aseguró que la apertura del un expediente a este funcionario por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias se produjo en 1996, cuando era alcalde José María Álvarez del Manzano y no cuando era alcalde Barranco, como sostiene el PSOE.

  Y desde el PSOE contraatacaron negando que el ex concejal Saturnino Zapata fuera el responsable del área de Personal cuando su cuñado y el presunto cabecilla del 'caso Guateque' empezó a trabajar en el Ayuntamiento, primero como interino y después, tras ganar unas oposiciones, como funcionario municipal. Los socialistas aseguran que en 1984 el cuñado de Ceballos "no ocupaba la Concejalía de Personal, sino la de Descentralización", departamento que actualmente recibe la denominación de Coordinación Territorial.

Otros diez imputados prestan hoy declaración

La Guardia Civil interrogará a lo largo de hoy a 10 nuevos imputados en la denominada Operación Guateque, que formarían parte de las 35 personas actualmente investigadas por el juez instructor del caso, José Santiago Torres, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

   Estas mismas fuentes confirmaron que el magistrado investiga a 35 personas, entre ellas a los 16 funcionarios y al empresario detenidos la pasada semana, de los que están en prisión cinco, por su presunta implicación en la trama de corrupción para la obtención de licencias destinadas a la apertura de locales o bares.

  El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid dejó ayer en libertad bajo fianza de 3.000 euros a Sara López Moreno, de la Junta del Distrito de San Blas, tras tomarle declaración.

   Durante el fin de semana, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Francisco Javier Teijeiro, que estaba de guardia el fin de semana, interrogó a diez de los 17 detenidos. Finalmente, decretó prisión incondicional para cinco de los 10 arrestados que pasaron a disposición judicial por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

   Los arrestados que fueron a prisión son Victoriano Ceballos Fernández, Joaquín Fernández de Castro, Santiago Castillo Morales, Antonio Sanz Escribano y Carmen Eulalia Ibáñez Martínez. Los primeros fueron traslalados por la Guardia Civil a la prisión de Alcalá Meco, mientras que la última a la cárcel de Soto del Real.

   Asimismo, Teijeiro dejó en libertad provisional a Julián López Martínez, Eduardo Agustino Carrasco, Julián Félix Serrano Sierra y Manuel Álvarez de Hoyos. Además, impuso a Mario Mínguez Fernández una fianza de 3.000 euros para eludir la cárcel.