La Audiencia Nacional juzga a los que quisieron 'volarla'

En principio, las sesiones de la vista oral se desarrollarán en sesiones de mañana y tarde los lunes, martes y miércoles hasta la finalización del juicio, que se prevé concluya en unos tres meses.

De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales del fiscal Pedro Rubira -también ejercerá el Ministerio Público Dolores Delgado-, este grupo estaba adscrito al pensamiento del "Salafismo Jihadista" conectado con la red de Al Qaeda, y le imputa a sus miembros, entre otros delitos, el de conspiración para cometer atentado y pertenencia a banda armada.

Procesados por el juez Fernando Grande-Marlaska el 21 de marzo de 2006, los 30 imputados están acusados de preparar también ataques contra el Tribunal Supremo, la sede del PP en Génova, la estación ferroviaria de Príncipe Pío y el parque Tierno Galván, todos ellos objetivos localizados en Madrid.

El fiscal acusa al que considera líder de esta célula, Abderrahmane Tahiri, más conocido como Mohamed Achraf y para el que pide 46 años de prisión -la mayor pena de todas-, de reclutar a varias personas con la finalidad de realizar la "Jihad" (Guerra Santa) en territorio español.

De esta forma, Tahiri, que fue detenido por las autoridades suizas en enero de 2004 y extraditado a España, organizó inicialmente un grupo formado por reclusos de la cárcel de Topas (Salamanca), donde estuvo preso en diferentes ocasiones entre 2001 y 2002, que se denominó "Mártires para Marruecos" y que, posteriormente, se amplió hasta formar en total cuatro células "perfectamente estructuradas y conectadas entre sí".

La primera de ellas, con origen en la cárcel salmantina antes mencionada, estaba dirigida por Said Afif, para quien el fiscal solicita 29 años de reclusión, y la segunda se gestó igualmente en prisión, en concreto en el Centro Penitenciario de A Lama (A Coruña) bajo el liderazgo de Dibali Abdellah, que afronta una petición de 13 años de cárcel.

La tercera célula se creó en Almería y la cuarta, liderada por Djilali Mazari, para el que Rubira pide también 13 años de prisión, se localizó en Levante, principalmente en Valencia.

El resto de los procesados en esta causa se enfrentan a penas que oscilan entre los 37 años, como es el caso de Kamara Birahima, que, según el escrito del fiscal, fue el encargado de buscar los explosivos para cometer el atentado contra la Audiencia Nacional, y los dos años y medio por un delito de falsificación de documentos que atribuye a dos de los imputados, Mourad Yala y Majid Mchmacha.

Hay cuatro acusados para los que se solicita 27 años, mientras que para la mayor parte de ellos (17) el fiscal pide once años de prisión.

Aparte de los delitos de conspiración para cometer un atentado terrorista con resultado de muerte y pertenencia a banda armada, el Ministerio Público considera que estos hechos son también constitutivos de un delito de falsificación de documentos oficiales y de tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas de crédito con finalidad terrorista.

Uno de los principales objetivos terroristas de este grupo era lanzar un camión-bomba "a toda velocidad" contra el edificio de la Audiencia Nacional y, para ello, Tahiri ordenó a Kamara Birahima que adquiriera unos mil kilos de Goma 2, de los cuales 500 serían utilizados para atentar contra este tribunal y el resto para otras acciones.

Con esta acción, señala Rubira, Tahiri pretendía matar a todas las personas que trabajan allí -unas 980 entre funcionarios, periodistas y visitantes- y "destruir" los archivos que afectaban a los procedimientos abiertos contra los terroristas islamistas, además de la "trascendencia" que se lograría con el atentado contra un organismo judicial.