El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que la apertura del expediente se ha producido al haber podido incurrir el juez en una falta grave por utilizar "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico". Numerosas organizaciones presentaron el pasado lunes una queja ante el CGPJ en la que denunciaban el citado auto, dictado el pasado 6 de junio.
La apertura del expediente supone el nombramiento de un instructor para determinar si el juez, que se encuentra actualmente de baja, cometió una falta grave. Este instructor abrirá una investigación para esclarecer lo sucedido y, tras escuchar las alegaciones que realice el propio Ferrín, propondrá la sanción que considere correspondiente. La Comisión Disciplinaria no volverá a reunirse hasta septiembre.
Este órgano no entró a valorar hoy el contenido del auto cuestionado, que es irrecurrible, al entender que su fondo --la cesión de la custodia de las hijas al padre-- se enmarca en las competencias jurisdiccionales del magistrado. No obstante, la custodia podrá ser revisada en la pieza general correspondiente al divorcio de los padres.
Multa de momento
Según fuentes del Consejo, Ferrín podría ser castigado con una multa de 3.000 euros si finalmente se determina que incurrió en una falta grave, o incluso con la retirada de la carrera judicial si de las actuaciones por las que está siendo investigado se deriva la comisión de otra falta, en este caso, muy grave. Además, la Comisión Permanente del CGPJ podría forzar la retirada del magistrado de considerar acreditada su incapacidad.
En su auto, el juez Ferrín consideraba "suficientemente" acreditado "el perjuicio para las hijas que se deriva de la relación que la madre sostiene con una tercera persona y que lógicamente no se limita a un hecho aislado". "La madre tendrá que elegir entre sus hijas y su pareja", señalaba antes de afirmar que "es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores y aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean".
Según la propuesta del Servicio de Inspección, con estas expresiones el juez quebrantó "la confianza social en los tribunales, que resulta inexcusable en una sociedad democrática para cumplir adecuadamente su cometido constitucional".
Cuestión de inconstitucionalidad
En relación con el otro caso denunciado contra el juez Ferrín, relativo a las supuestas trabas que puso a una mujer lesbiana para adoptar a la hija biológica de su cónyuge, la Comisión Disciplinaria acordó abrir una información previa. Fuentes del Consejo señalaron que los dos casos podrían ser resueltos al mismo tiempo.
El abogado de esta mujer, José Luis Mazón, solicitó al Consejo la incoación de un expediente de jubilación de Ferrín por su incapacidad como magistrado-juez de familia, en virtud de "su repetido fanatismo y desprecio hacia los derechos legales en el ámbito de la familia de las personas homosexuales".
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Mazón defiende que el juez podría haber cometido una "falta muy grave" por "el retraso injustificado y reiterado en la tramitación" de esta adopción, lo que le llevó a presentar una cuestión de inconstitucionalidad que, a su juicio, "no tiene otro motivo que dilatar el presente procedimiento" y responde a su "ideología manifiestamente discriminatoria y contraria a la ley que permite el matrimonio entre homosexuales".
El letrado, que presentó un incidente de recusación contra el juez Ferrín, asegura que existen "indicios claros" de que el juez tiene "obsesión y manía contra los derechos de las personas homosexuales que no va seguida de la preceptiva abstención del mismo en estos casos".
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