El abogado de Planells, Francesc Jufresa, declaró a la salida de la Audiencia Nacional que está convencido de la inocencia de su cliente, quien no deseaba hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Planells declaró ante el magistrado por espacio de alrededor de una hora y sólo ha trascendido, al estar bajo secreto de sumario la causa, que negó las imputaciones vertidas contra él.
Previamente, tras tomarles declaración, el juez de la Audiencia Nacional también dejó en libertad a otros tres detenidos que, al igual que a Planells, se les acusaba de de prevaricación, falsificación de documentos y cohecho. Los otros arrestados son Carmen Carballada, funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Cataluña, Víctor Ambiela, presidente de una asociación de adopción de niños rusos, y el funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Cataluña Gerardo González.
Los abogados de los imputados informaron que, tras tomarles declaración el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, éste acordó dejar en libertad sin medidas cautelares a Carballada y Ambiela, quien frecuentaba prácticamente a diario el Consulado ruso, por lo que en un principio se dijo que trabajaba allí, y con comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio en el caso de González, jefe de negociado de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Cataluña.
Según sus defensas, tanto Ambiela como González negaron ante el juez cualquier vinculación con la mafia georgiana. De hecho, este último aseguró que él denegaba el 95% de las peticiones de regulación de extranjeros que llegaban a sus manos. El quinto detenido declarará ante un juez de Barcelona al tratarse de hechos próximos pero no directamente relacionados con la 'operación Avispa'.
Todos ellos están acusados de prevaricación, cohecho y falsedad documental relacionados con la obtención de permisos de trabajo y residencia para la mafia georgiana, informaron fuentes jurídicas.
El juez Andreu abrió una investigación a raíz de la detención en junio de 2005 de 28 miembros de esta organización criminal, en cuyo marco se produjeron ayer las detenciones de Planells, quien hasta hace un mes ocupó su cargo en la subdelegación catalana, de dos funcionarios de su departamento (Gerardo González y Carmen Carballada), el trabajador del Consulado ruso en Barcelona Víctor Ambiela, y de un empleado de una gestoría.
Según la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de la investigación realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 4 se tuvo conocimiento de la existencia de irregularidades de relevancia penal en la Subdelegación del Gobierno en Cataluña que podrían tipificarse como delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documentos, cuyo principal responsable sería el ex subdelegado Planells.
Registros
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional procedieron ayer a registrar los domicilios de los cuatro detenidos y obtuvieron también autorización judicial para acceder al archivo de expedientes de extranjería de la Subdelegación del Gobierno, con el fin de comprobar la existencia de irregularidades. Planells dejó su puesto como subdelegado el pasado mes de junio y fue contratado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Dos fases de la 'Operación avispa'
La denominada "Operación Avispa" ha tenido dos fases. En la primera, de junio de 2005, la Policía detuvo a 28 personas, 22 de ellas consideradas "capos" de las mafias de la antigua URSS, acusados entre otros delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. En la misma participaron 400 agentes, que practicaron 41 registros y bloquearon 800 cuentas bancarias.
El pasado mes de noviembre, Andreu acordó el ingreso en prisión incondicional de cuatro de los nueve detenidos en la segunda fase de la operación policial desarrollada contra esta red mafiosa, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.
El grupo Kalashov
En dicha ocasión, los imputados eran Oleg Vorontsov, hombre de confianza del 'capo' ruso preso en nuestro país Zakhar Kalashov; de uno de sus abogados, Alexander Gofhstein; del también presunto miembro de la organización mafiosa Konstantin Asatiani y del funcionario español de Hacienda, Carlos Antonio Fernández Asensio, quien presuntamente colaboró con ellos en las actividades de blanqueo.
A instancias del fiscal Anticorrupción José Grinda, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 imputó a todos ellos la comisión de diferentes actividades encaminadas a facilitar la entrada en territorio español de dinero procedente de la estructura criminal de Kalashov en Rusia. También se encontraron indicios de cohecho dirigidas a adecuar el régimen penitenciario del 'capo' georgiano en la prisión de Soto del Real (Madrid), "a sus intereses y deseos", según señaló el magistrado de la Audiencia Nacional.
Organización para "blanquear"
Según las investigaciones de Anticorrupción, la organización de Kalashov en España tenía como objetivo la realización de actividades de blanqueo mediante diferentes sociedades, la principal de ellas Suninvest 2000 S.L.
Así, se imputaba a Voronstsov la coordinación de actividades de cohecho (respecto a un funcionario médico de prisiones en Soto del Real, a quien se habrían pagado 60.000 euros), y de blanqueo de capitales, con el fin de trasladar la titularidad y la administración formal de la mercantil Suninvest a varios testaferros. Para ello, habrían contado con la colaboración del funcionario de Hacienda Carlos Antonio Fernández, a quien se imputa cohecho.
Origen
La "operación Avispa" tiene su origen en junio de 2005, cuando la Policía detuvo a 28 'capos' de la mafia georginana en el marco de una operación contra grupos criminales organizados de la antigua URSS en las provincias de Barcelona, Alicante y Málaga, que ya estaban creando infraestructuras comerciales y financieras con la constitución de un importante número de sociedades patrimoniales.
Al parecer, estos grupos se encontraban en estos momentos en una segunda fase de expansión, repartiéndose las zonas de influencia y actuación, en Cataluña, Costa del Sol y Alicante. Según los investigadores, los mafiosos estaban creando infraestructuras comerciales y financieras, con la constitución de un importante número de sociedades patrimoniales. En concreto, esta red compraba bares, cadenas de restaurantes y coches de gran cilindrada para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas realizadas en su país.
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