Los dirigentes valencianos del PP no tienen los tickets de los trajes del 'Gürtel'

El juez José Flors, tras los interrogatorios a Ricardo Costa, exsecretario general del PP; Víctor Campos, exvicepresidente, y Rafael Betoret, jefe del gabinete de Turismo, decidió continuar con su imputación, debido a que ninguno pudo demostrar que habían pagado los trajes y no, como les acusa la Fiscalía Anticuorrupción, Álvaro Pérez 'El Bigotes' -en la foto- o algún otro de los detenidos por el caso, siempre según el rotativo 'El País'. En esta información, el propio Ricardo Costa admite que sí le pagó a 'El Bigotes' "porque iba mucho a Madrid", cual titula el periódico. Por su parte Campos, afirma que El Bigotes "es una persona muy cariñosa", mientras que Betoret, se califica como "muy dejado para estas cosas" de pedir resguardos y que por eso él nunca los solicitaba en sus compras. También en la parte relativa a Madrid eel caso, puede haber avances a lo largo de la semana que se inicia este lunes. Porque, cual informa la cadena Ser, llegan los interrogatorios del juez Pedreira, al empresario Fernando Martin y al matrimonio Gonzalez Panero.Con lo cual el sumario se acerca a su conclusión. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid comenzará esta última ronda de interrogatorios este miércoles con el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo Gonzalez Panero, y con su mujer, que deberán responder a las preguntas de las partes sobre la detección en Suiza de cuentas corrientes opacas por una suma de más de 400.000 euros, ingresos realizados en territorio helvético en los años 2005 y en 2006. Debido a estas acusaciones, el juez Pedreira les imputa a ambos dos nuevos delitos contra la hacienda pública que se suman a los que el propio Albondiguilla ya tenía desde el inicio de la investigación. Y al dia siguiente, turno, en calidad tambien de imputado, del empresario Fernando Martin responsable de Martinsa por la compra de una parcela del Ayuntamiento de Arganda del Rey en las mejores condiciones. Se pudó producir una afectacion grave del erario publico.