Para alcanzar ese objetivo, la mesa de diálogo social de prevención de riesgos laborales acordó, en febrero de 2005, impulsar la elaboración de una estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, iniciativa que fue compartida por las comunidades autónomas.
Posteriormente, el Consejo de Ministros lo refrendó, en abril de ese mismo año, cuando el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales presentó el Plan de actuación para la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo y la reducción de los accidentes laborales, dentro del que figuraba el documento denominado “Hacia una estrategia española de seguridad y salud en el trabajo”.
Desde entonces el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas orientadas hacia los objetivos marcados en la Estrategia y ha seguido manteniendo el diálogo con los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas, con objeto de consensuar un texto, que ha sido apoyado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo máximo órgano de participación institucional en dicha materia y que es la Estrategia a la que hoy ha dado su aprobación el Consejo de Ministros.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 constituye el instrumento para establecer el marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales a corto y, sobre todo, medio y largo plazo. Con ella se trata de dotar de coherencia y racionalidad las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas por todos los actores relevantes en la prevención de riesgos laborales y, en definitiva, conseguir dos grandes objetivos: reducir la siniestralidad laboral y mejorar de forma continua los niveles de seguridad y salud en el trabajo.
Es la primera vez que un Gobierno presenta una Estrategia de lucha contra la siniestralidad laboral de esta amplitud y envergadura. Su objetivo es dotar, como país, de un instrumento dirigido a combatir la siniestralidad laboral de forma integral, racional y coherente, en línea con la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2012.
Principales características
Sus características más destacables son las siguientes:
- Es una Estrategia de todos y acordada por todos: todos los agentes implicados (Gobierno, comunidades autónomas, organizaciones sindicales y empresariales) suman sus esfuerzos en la lucha contra la siniestralidad laboral; lo que ha sido posible después de un intenso proceso de diálogo social en el que se ha conseguido alcanzar el consenso entre todos ellos.
- De muy amplio alcance: no sólo por su duración, que abarca un periodo de cinco años, sino por el enorme número de medidas que contiene (más de cien), que alcanzan, además, a todos los ámbitos: educación, formación, I+D+i, salud, concienciación y sensibilización, medidas para las empresas, medidas para los trabajadores, medidas para los servicios de prevención y un fuerte y decidido apoyo institucional y económico desde las Administraciones públicas para el desarrollo de políticas y prácticas de prevención de riesgos.
- Es de las pequeñas y medianas empresas: podrán cumplir sus obligaciones de manera más fácil y eficaz en la lucha contra la siniestralidad.
- Apuesta por la calidad y la eficacia de la prevención: el objetivo es que se realicen más actividades preventivas en nuestras empresas y que estas actividades sean de mayor calidad.
- Consigue que trabajadores y empresarios y organizaciones sindicales y empresariales se impliquen directamente en el cumplimiento real y efectivo de las obligaciones en materia de prevención de riesgos.
- Los objetivos a cumplir se agrupan en dos grandes apartados: por un lado, los que se refieren a la prevención de riesgos laborales en la empresa, que tienen como destinatarios a los empresarios y los trabajadores; por otro, los que se refieren a las políticas públicas de lucha contra la siniestralidad laboral, que tienen como destinatarios a la administraciones públicas.
Objetivos relativos a la prevención de riesgos laborales en la empresa
- Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos, especialmente en la pequeñas y medianas empresas:
- Se simplifica la documentación a cumplimentar por las pequeñas y medianas empresas, a las que se facilitará asistencia pública para la organización de actividades preventivas.
- Se establecerá un sistema de bonus o reducción de cotizaciones sociales para las empresas con menores índices de siniestralidad.
- Habrá programas específicos de control y vigilancia de empresas y actividades con altos índices de siniestralidad.
- También habrá programas específicos para garantizar la efectividad de la prevención de riesgos entre los trabajadores autónomos.
- Se pondrá en marcha un Plan Renove de equipos de trabajo obsoletos en aquellos sectores donde los datos de siniestralidad aconsejen la modernización de la maquinaria.
- Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, sobre todo de las entidades especializadas en esta materia:
- Las empresas que tengan recursos de prevención propios se beneficiarán de reducciones en las cotizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional y de bonificaciones en los contratos de trabajadores que realicen tareas preventivas o se integren en los servicios de prevención.
- Se determinarán criterios de calidad y eficiencia exigibles a todos los servicios de prevención ajenos (prestados por entidades especializadas en esta materia) y se creará un sistema de evaluación conforme a parámetros de calidad de todos estos servicios.
- Se reforzará la vigilancia de la salud de los trabajadores.
- Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los trabajadores y empresarios en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo:
- En la negociación colectiva de ámbito sectorial se negociará la creación de órganos específicos sectoriales, formados por representantes de los empresarios y los trabajadores, que desarrollarán programas con el objetivo de divulgar e informar sobre los riesgos profesionales del sector. Estos programas se dirigirán a empresas de entre seis y cincuenta trabajadores, sin representación de los trabajadores.
- En ausencia de lo anterior, se promoverán en la negociación colectiva de ámbito territorial programas análogos entre las organizaciones empresariales y sindicales y las Comunidades Autónomas.
Objetivos relativos a las políticas públicas de lucha contra la siniestralidad laboral
- Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad española:
- Tendrán una atención especial los riesgos psicosociales y los asociados a la movilidad: accidentes de trabajo "in itinere" y en misión.
- Se impulsará la formación en prevención de riesgos en todas las etapas del sistema educativo.
- Se realizarán campañas de concienciación y sensibilización social en este ámbito de forma constante y permanente (anualmente habrá una campaña de ámbito estatal).
- Perfeccionar los sistema de información e investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo:
- Se presentarán pública y periódicamente los datos sobre siniestralidad laboral, mejorando la información y haciéndola comparable con la información procedente de la Unión Europea.
- Se enfocarán las actividades de I+D+i hacia la identificación de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para eliminarlas
- Se creará un Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo y una red de institutos públicos para la investigación en prevención de riesgos
- Potenciar la formación en materia de riesgos laborales:
- Se elaborará un Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales
- Se mejorará la formación en materia de prevención de riesgos, tanto en la formación profesional continua, como en la formación universitaria
- Se promoverá el acceso a la formación en riesgos laborales de los trabajadores autónomos
- Reforzar las instituciones públicas dedicadas a la prevención de riesgos laborales:
- Se reformará y reforzará el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para potenciar su función investigadora, su capacidad de asistencia técnica y su cooperación y coordinación con las comunidades autónomas
- Se incrementarán los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya actividad se desarrollará mediante campañas planificadas y programas
- Se reforzará la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, especialmente en lo relativo a su función en las pequeñas y medianas empresas
- Mejorar la coordinación institucional en materia de prevención de riesgos laborales:
- Se creará una comisión técnica-mixta como órgano de cooperación y colaboración de las actuaciones y políticas públicas en materia de prevención de riesgos de todas las administraciones públicas.
- Se intensificará la colaboración con la Fiscalía especializada en seguridad y salud en el trabajo, con las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para garantizar que las actuaciones en todos estos ámbitos se desarrollen de manera más rápida y eficaz
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