El Supremo reprende a Garzón por 'espiar' a los abogados del 'Gürtel'

Se trata de una resolución en la que Jorge rechaza el recurso de reforma presentado por Garzón frente su negativa a realizar determinadas diligencias de prueba. En esta causa se imputan al juez suspendido de la Audiencia Nacional por prevaricación y un delito contra los derechos constitucionales.    Jorge reconoce que las pruebas que pide Garzón están dirigidas a constatar que los imputados en la trama "Gürtel" se proponían poner a buen recaudo el dinero obtenido en sus presuntas acciones delictivas y evitar este hecho. Frente a ello el instructor considera que cualesquiera que fueren los indicios contra Francisco Correa y sus compinches no se podían realizar las escuchas si las sospechas no afectaban a sus abogados.    Esto quiere decir, según el instructor del alto tribunal, que aunque posteriormente se hallaran indicios contra los letrados que fueron escuchados "que desde luego no consta que así fuera", tampoco estos hallazgos legitimarían su conducta. Pruebas rechazadas    Entre las diligencias solicitadas estaba el testimonio de Pedreira, que a juicio del instructor del caso no es necesario porque "no se aporta elemento alguno acreditativo de que la declaración de ese testigo llegara a alcanzar una eficacia que fuera determinante de la exclusión de antijuricidad indiciaria de la conducta del querellado".    También confirma el magistrado Jorge que no ha lugar la declaración de los funcionarios policiales y jefes de la investigación de la trama "Gürtel", cuya labor dio origen a la incoación de diligencias contra los integrantes de la misma en la Audiencia Nacional hasta que en marzo de 2005 Garzón se inhibió en favor del TSJM. Igualmente, no se acepta que se cite en calidad de testigo al querellante inicial, Ignacio Peláez.    La complejidad del "caso Gürtel" que investigan los tribunales superiores de Madrid y de Valencia "nadie la pone en duda", según ha señalado Jorge en su auto.    "Resulta de sobra conocido a través de los medios de comunicación que el número de imputados ya rebasa la cifra de sesenta y son muchos los folios tramitados -dice el magistrado instructor-. Sin embargo, ese dato, que es público y notorio, no altera el resultado de la instrucción desde una perspectiva juridica y siempre puede ser aportado como cifra estadística concreta en una hipotética fase de plenario".    Por otro lado, Jorge rechaza la petición de Garzón de que sean buscados en las bases de datos jurisprudenciales aquellos procesos en los que se ha acordado por un juez instructor escuchar mediante micrófonos en los locutorios penitenciarios las conversaciones de los imputados presos con sus letrados.    "El que resuelve no conoce ningún caso, ni de referencias ni a través de las bases de datos. Y tampoco cita ninguno en sus escritos el recurrente, a pesar de ser una avezado instructor que ha investigado durante más de veinte años algunos de los casos penales más relevantes de este país, algunos de ellos de tanta o más enjundia que el que ahora nos ocupa", afirma Jorge Barreiro.