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¿Nueva polémica para Pajín?

La 'Ley de igualdad de trato' desata la controversia antes de su nacimiento

La 'Ley de igualdad de trato' desata la controversia antes de su nacimiento

Se teme el control que puede ejercer sobre los medios

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, vuelve a estar en el punto de mira de la oposición y de ciertos colectivos sociales. Esta vez la culpa la tiene el anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que fue presentado ‘en sociedad’ el pasado viernes por la propia ministra, y que,  según explicó, tiene como objetivo que “nadie pueda sentirse humillado por razones de nacimiento, raza, sexo, convicción, discapacidad, edad, religión, identidad sexual o enfermedad”.
Sin embargo, la ley que Pajín pretende consensuar  con los diferentes foros y organizaciones sectoriales para que hagan sus aportaciones, ha suscitado una fuerte controversia antes de su nacimiento. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le dio un primer varapalo a finales de febrero, al cuestionar en un informe algunos aspectos que pretende incluir la ley y que podrían entrar en colisión con otros derechos fundamentales recogidos ya en la Constitución.

Por ejemplo, en el anteproyecto se incluyen dos nuevos motivos de discriminación, los de identidad sexual y enfermedad, que se suman a los recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española (CE) y a los incluidos en la normativa comunitaria.

Asimismo, establece el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, como el empleo, la salud, la educación, los servicios sociales o los medios de comunicación social, entre otros. Precisamente, uno de los aspectos que los expertos consideran más polémicos es el referido a la no discriminación en la educación, ya que el anteproyecto establece que los centros educativos que excluyan a algún  colectivo que se considere un gesto ‘discriminatorio’ no contarán con financiación pública.

También consideran ambiguo y polémico el control que la ley puede ejercer sobre los medios de comunicación. El artículo 22.1 obliga a todos los medios a respetar "el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y su programación”, algo que podría chocar con la libertad de información.

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