Sin embargo, la ley que
Pajín pretende consensuar con los diferentes foros y organizaciones sectoriales para que hagan sus aportaciones, ha suscitado una fuerte controversia antes de su nacimiento. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le dio un primer varapalo a finales de febrero, al cuestionar en un informe algunos aspectos que pretende incluir la ley y que podrían entrar en colisión con otros derechos fundamentales recogidos ya en la Constitución.
Por ejemplo, en el anteproyecto se incluyen dos nuevos motivos de discriminación, los de identidad sexual y enfermedad, que se suman a los recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española (CE) y a los incluidos en la normativa comunitaria.
Asimismo, establece el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, como el empleo, la salud, la educación, los servicios sociales o los medios de comunicación social, entre otros. Precisamente, uno de los aspectos que los expertos consideran más polémicos es el referido a la no discriminación en la educación, ya que el anteproyecto establece que los centros educativos que excluyan a algún colectivo que se considere un gesto ‘discriminatorio’ no contarán con financiación pública.
También consideran ambiguo y polémico el control que la ley puede ejercer sobre los medios de comunicación. El artículo 22.1 obliga a todos los medios a respetar "el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y su programación”, algo que podría chocar con la libertad de información.