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El atentado contra la legisladora federal demócrata Gabrielle Giffords, en el estacionamiento de un supermercado de Tucson, despertó una vez más la atención nacional sobre las leyes para el control de armas, especialmente en Arizona.
Arizona, Alaska y Vermont son las únicas tres entidades estadunidenses donde está autorizada la 'portación constitucional', al no requerirse ningún permiso para portar pistolas y otras armas incluso dentro de la mayoría de edificios públicos.
Jared Lee Loughner, el sospechoso del atentado contra Giffords, en el que murieron seis personas y otras 14 resultaron heridas, incluyendo a la legisladora, pudo adquirir la pistola Glock 19 semiautomática de nueve milímetros, usada en el atentado, tras pasar una instantánea revisión de su historial.
En la revisión, efectuada el pasado 30 de noviembre por empleados de la tienda Sportsman's Warehouse en Tucson, no se reveló que Loughner había sido suspendido un mes antes del Colegio Comunitario Pima hasta que presentara una evaluación mental que mostrara que no era un peligro para los demás.
Aun si esto hubiera aparecido en la inspección, los empleados de la tienda de armas no podrían haber evitado que Loughner adquiriera la pistola, por la que pagó 550 dólares.
Bajo las leyes de Arizona, Loughner estaba autorizado a comprar el arma. El joven de 22 años no se encontraba dentro de las categorías de 'poseedores prohibidos' definidos dentro de las leyes estatales y federales.
De acuerdo con la organización Arizona Citizens Defense League, que promueve los derechos a poseer armas, las leyes estatales y federales contemplan dos categorías de personas a las que se les puede prohibir la compra de una pistola debido a incompetencia mental.
Las categorías incluyen a los que han estado internados contra su voluntad en un hospital de salud mental y a aquellos que han sido acusados de un delito y declarados mentalmente incompetentes para ser sometidos a juicio.
Salvo eso, en Arizona no existe ningún otro impedimento para que un adulto que parece mentalmente inestable adquiera un arma.
La propia Gifford, quien a 48 horas del incidente se encuentra en condición crítica en un hospital de Tucson, ha sido una opositora a las propuestas para establecer controles más duros a la posesión de armas en Arizona.
Gifford incluso posee una pistola Glock similar a la que fue utilizada para dispararle y ha sido fotografiada utilizando un rifle AK-47 en una exhibición de armas.
Clarence Dupnik, alguacil del condado de Pima, que abarca el área metropolitana de Tucson, figura en cambio entre quienes promueven mayores controles a la venta y posesión de armas en la entidad.
'Nunca he sido un promotor de dejar que todos en este estado puedan portar armas bajo cualquier circunstancia que ellos deseen. Y eso es casi lo que tenemos en Arizona', dijo Dupnik.
En abril pasado, la gobernadora Jan Brewer firmó una ley que favorece el derecho constitucional de poseer pistolas y rifles sobre otras preocupaciones de seguridad.
La ley, en vigor desde fines de junio pasado, autoriza a las personas mayores de 21 años portar armas escondidas sin necesidad someterse a una revisión de historial o cursos de entrenamiento.
El estatuto de Arizona forma parte de un movimiento nacional que busca desregular la posesión de armas en las distintas entidades del país.
Más de 20 entidades están considerando en la actualidad la aprobación de iniciativas similares.
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