“No resulta exagerado afirmar que la situación generada, por la intensidad y la extensión de sus efectos , y por el modo en el se desencadena, en abierta rebeldía con el Estado de Derecho, con sus normas e instituciones, originando una considerable y creciente alarma social, suponía una afrenta al orden público constitucional y como tal había que abordarla”. Así ha justificado globalmente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el decreto del estado de alarma y la militarización de las torres de control. Lo ha hecho en el Pleno del Congreso, en el que ha comparecido a petición propia para explicar qué fue lo que ocurrió durante el pasado fin de semana con la ‘huelga salvaje’ de los controladores aéreos.
En su comparecencia, Zapatero, que realizó una exposición cronológica de los hechos, no añadió ningún elemento nuevo a los ya conocidos, pero reconoció directamente -antes ya lo habían hecho su vicepresidente Rubalcaba y su ministro Blanco- que el Consejo de Ministros del pasado viernes sabía que había una ‘rebelión’ de los controladores, que esa ‘rebelión’ se inició en el aeropuerto de Santiago mientras restaba reunido el Gobierno y que el Ejecutivo, a instancias del ministro de Fomento, decidió incluir en el Real Decreto de medidas económicas que iba a aprobarse un par de medidas para frenar la rebeldía de los controladores.
Corregir una “situación calamitosa”
Zapatero aseguró que el decreto aprobado ese viernes para regular ese marco laboral de los controladores aéreos era “imprescindible para corregir una situación calamitosa”, un instrumento absolutamente necesario para "no tolerar un estado de excepción permanente", dada "la pertinaz actitud de los controladores", que paralizaba "por completo" un servicio "esencial" para la sociedad.
Pero el Gobierno ya sabía que los controladores se habían confabulado y que los incidentes que se registraban en Santiago de Compostela se iban a extender inmediatamente a Canarias y luego a toda España. Por esa razón se incluyeron dos posibilidades: que ante la petición de baja médica, la misma fuera firmada por un médico de AENA y la posibilidad de militarizar las torres de control en situación de excepcionalidad.
Luego, estalló todo el desastre: los controladores abandonaron “todos al mismo tiempo” sus puestos de trabajo alegando todos enfermedad, lo que obligó al cierre completo del espacio aéreo. Zapatero aseguró que entonces "se intentó convencer a los controladores para cumplieran con su obligación" y que el Ejecutivo "agotó sus posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales", antes de decidir decretar el estado de alarma. Confirmó el presidente que los controladores abandonaron sus centros de trabajo y que, fuera de los aeropuertos, se constituyeron en asambleas, la más numerosa la de Madrid.
Al fracasar las reuniones que el Ministerio de Fomento mantuvo con USCA –el sindicato de controladores-, el Gobierno se vio abocado a hacer frente a la huelga encubierta, pero con una "medida proporcionada" ante la intensidad de la actitud de los controladores, que definió como "una afrenta al orden público constitucional".
"Nadie puede tomar como rehén de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos", dijo Zapatero, quien aseguró que "no dudará en utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para evitar o poner fin a situaciones como las que hemos vivido".
En respuesta a críticas que han llegado por parte de la izquierda real, especialmente de Gaspar Llamazares, que duda sobre la constitucionalidad de esta medida, Zapatero lo dejó claro en su comparecencia inicial: “El articulo 3 del Real Decreto 1673/2010 no contempla la extensión de la Jurisdicción Militar a personas o hechos no comprendidos en el Código Penal Militar (como sí suele ocurrir bajo el estado de sitio), sino la aplicación del derecho penal y procesar y disciplinario militar a quienes, en virtud de una disposición amparada por el artículo 116.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, tienen temporalmente la condición de militares a tales efectos”
Finalmente, y avisando ante la posibilidad de futuras crisis, Zapatero ha asegurado al Congreso que “el Gobierno que presido no dudará en utilizar, sin ignorar los requerimientos de proporcionalidad a los que me he referido, todos los instrumentos del estado de derecho para poner fina a situaciones como las que vivimoes el pasado fin de semana”. Y ha afirmado que se depurarán todas las responsabilidades civiles y judiciales, que se han abierto 430 expedientes, que la Fiscalía está actuando por la vía penal y que el gobierno impulsará el resarcimiento de los daños y perjuicios que la actitud de los controladores haya producido.
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Rajoy respalda las medidas pero pone a caldo al presidente y a Blanco, a quien llama "inútil total" 
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