Esa información esta contenida en la pieza separada
“Comisiones rogatorias internacionales, ramo separado de Cri-Suiza” y tiene su origen en una providencia fechada el 7 de abril de 2010 a partir de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre
Luis Bárcenas Gutiérrez, basándose en la información facilitada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza.
En el consiguiente informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juez, y firmado por el inspector jefe de grupo con número 81.067, se pedía una comisión rogatoria a Suiza para examinar las posibles cuentas de Bárcenas en aquel país, algo a lo que el magistrado del Tribunal Supremo
Francisco Monterde accedió.
La operativa detectada por la policía española y reflejada en el informe de la UDEF señala que Luis Bárcenas, el 12 de febrero de 2010 solicitó una nueva tarjeta visa con un límite mensual de 25.000 € a través de un gestor financiero en una entidad financiera suiza. Dicha solicitud fue denegada por la entidad al comprobar que Bárcenas estaba involucrado en una investigación judicial en España.
Dice el informe de la UDEF:
“De dicha información podemos concluir que Luis Bárcenas tiene intereses económicos en el exterior, y que se concretan en posición/es bancarias en una entidad financiera ubicada en Suiza de las que es el beneficiario económico. Asimismo dispone de un gestor financiero, ubicado también en Suiza, de su confianza con el que realiza las operaciones, en concreto y en este caso las actuaciones tendentes a dirigirse a un proveedor de servicios financieros para la realización de un contrato de obtención de servicios financieros y la realización de la obtención de una tarjeta electrónica. Con el fin de realizar dicha gestión ha tenido que cumplimentar un formulario de solicitud de dicho medio de pago incorporando la firma y copia de documentación identificativa del solicitante”.
Es el límite solicitado para la tarjeta de pago, 25.000 euros, lo que, según la policía, pone de manifiesto
“la intención de realizar operaciones de elevada cuantía con ella, y precisa la acreditación de una solvencia en términos de disposición de unos fondos en la cuenta, con un saldo suficiente como para soportar cargos de elevado importe (hasta 25.000 €)”.
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Beneficiario de la red financiera de Correa
Para la policía no cabe duda. Señala la UDEF que, como ya se ha puesto de manifiesto en la investigación de la organización de
Francisco Correa Sánchez -el jefe de la trama supuestamente corrupta-, éste estableció su propia estructura societaria para
“el blanqueo de los fondos en el exterior, dotada de unas características específicas en cuanto a dimensión y especialización; y cada partícipe (responsable político), una vez que recibe el dinero de ésta tiene que desarrollar operaciones financieras destinadas a disimular el rastro del dinero”. Entre esas operaciones, la más habitual es la titularidad de cuentas bancarias en el exterior, en territorios con un sistema de secreto bancario que salvaguarde la identidad del beneficiario último de las posiciones bancarias.
“En el caso de Luis Bárcenas”, dice la UDEF,
“el conjunto de elementos puestos de manifiesto permiten inferir que ésa sería la fórmula elegida, es decir es titular de una/s posiciones bancarias en una entidad financiera suiza cuyos fondos se nutren de las operaciones realizadas en España procedentes de las entregas que recibe de la organización de Francisco Correa por su participación en operaciones de adjudicación directa de contratos públicos, si bien es factible que exista una combinación con otros sistemas de blanqueo”.
La visa disparó la alarma
La alarma se disparó cuando Bárcenas solicitó la emisión por parte de una entidad financiera suiza de un medio de pago electrónico en febrero de 2010, con un límite mensual de 25.000 euros, lo que, según la UDEF, permite inferir que
“el objeto de esta operación consiste en obtener un mecanismo (tarjeta bancaria) para poder disponer de los fondos existentes en una cuenta bancaria de la que Luis Bárcenas es el beneficiario real, último o económico con el fin de trasvasar dichos capitales a otro lugar y de esta forma dificultar la investigación sobre su patrimonio poniéndolo a su vez a salvo de actuaciones judiciales a través del instrumento de la Comisión Rogatoria Internacional”.
Investigando a Correa, la policía española detectó que Luis Bárcenas
“participa en el proyecto inmobiliario promovido por la sociedad PROYECTO TWAIN JONES, SL en Majadahonda en unión de Francisco Correa Sánchez a través de un producto financiero como lo es el préstamo participativo”, el cual se habría formalizado
“mediante un documento privado de reconocimiento de deuda a favor de Rosalía Iglesias Villar, mujer de Luis Bárcenas, donde consta como acreedora por el valor de la inversión inmobiliaria realizada por su marido (150.000 €) y como deudora la compañía de Francisco Correa Sánchez, RUSTFIELD Ltd domiciliada en Londres (Reino Unido)”.
“Bárcenas emplea fondos ajenos al dinero B”
Señalaba la UDEF que
“Luis Bárcenas emplea fondos ajenos al sistema económico real (dinero B) y utiliza el canal de la sociedad de Francisco Correa para la realización de dicha inversión, haciendo aflorar de esta manera un patrimonio oculto y enmascarando de esta forma su real participación en el proyecto a través de esta compañía. Además oculta también su identidad en el documento privado que se confecciona para reconocer la deuda de RUSTFIELD con él por la inversión realizada donde figura en su lugar su mujer Rosalía Iglesias Villar”.
Para la UDEF está sumamente claro: Correa ponía su ‘servicio’ a Luis Bárcenas, de tal forma que
“invierte los fondos en España de Luis Bárcenas y el retorno de la rentabilidad generada por la inversión se pone a disposición de éste en el exterior a través de la compañía RUSTFIELD, lo cual pone de manifiesto de nuevo la existencia de una estructura exterior de Luis Bárcenas donde ha colocado los fondos obtenidos en España procedentes de las comisiones recibidas por su participación en influir sobre las personas responsables de los procesos de adjudicación para dirigir su resolución”.
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