En el mes de septiembre y en primera instancia, ADVI se dirigió a la Fiscalía General del Estado, concretamente al Fiscal de sala coordinador de Medioambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, poniendo en su conocimiento "las irregularidades urbanísticas" detectadas por la agrupación en la construcción del citado complejo residencial, documentación que, éste, a su vez, ha remitido a la Fiscalía del TSJC, quien según ADVI, ha abierto diligencias sobre el caso -con el número 52/06-.
ADVI añade que a lo largo de estos tres años en el Ayuntamiento, ha tenido la oportunidad de recabar información sobre estas "presuntas irregularidades", y ha presentado ante la Fiscal, Mª Jesús Cañadas, denuncias referidas al caso, registradas en el Ayuntamiento por varias asociaciones, entre ellas, la propia Asociación de Vecinos 'Bezana Lago', que se creó, precisamente, "para reclamar la entrega de viviendas en la urbanización, después de una tardanza por parte del constructor de más de dos años -dice ADVI-, mientras que los vecinos veían cómo los negocios del constructor proliferaban día a día".
La Agrupación de Vecinos también ha presentado ante la Fiscalía, informe de miembros del cuerpo de la Policía Local, del año 2000, que "hacen mención a que la normativa urbanística aplicable en la unidad de actuación UA1, podría no haberse cumplido en el citado conjunto residencial, en lo que se refiere a criterios de planta baja, número de plantas y aprovechamiento de planta bajo cubierta".
"ILEGALIDAD MANIFIESTA"
A juicio de ADVI, "todo ello hace suponer que existe una ilegalidad manifiesta en esta construcción, que podría enmascarar una presunta prevaricación o presunta connivencia entre el ex alcalde y el constructor", máxime cuando hay una resolución del año 1999 en la que "el propio Velasco deja claro a Rojo Toribio, que tiene que adoptar el compromiso expreso de no utilización de los espacios habilitados en la planta bajocubierta hasta que no se legitime su uso y compromiso de demolición de accesos e inhabilitación de esta planta en caso que no se lleve a término el convenio de fecha 2 de octubre de 1997".
ADVI señala que a día de hoy, ese convenio "aún no se ha cumplido" por lo que el Ayuntamiento "no ha recibido la cesión urbanística correspondiente, que consistía en un local de 1.583 metros cuadrados", ubicado en las parcelas 22, 23 y 24 del proyecto de compensación, en el que se construiría una piscina cubierta, "según anteproyecto redactado por el arquitecto Jaime Canciller Malo y que a día de hoy el Ayuntamiento aún no ha recibido", además de la llamada nave de Rada, que el Ayuntamiento está utilizando "en precario", como sede de la Agencia de Desarrollo Local, añade ADVI.
A las denuncias e informes, ADVI ha adjuntado el Convenio Urbanístico firmado por el ex-alcalde, Jeronimo Antonio Velasco Pérez, y el constructor, José Manuel Rojo Toribio, quien, en ese momento, "es administrador único y presidente de la Junta de compensación de la Unidad de Actuación 1, donde, presuntamente, se cometen las irregularidades urbanísticas".
Según ADVI, el convenio, firmado en el año 1997, estipula que, según las Normas vigentes en ese momento (1988), tiene prohibido el aprovechamiento de las bajocubiertas. Sin embargo, añade, los comparecientes "establecen que se proceda a autorizar el uso residencial en dicha bajocubierta, sin cómputo de edificabilidad, todo ello, a expensas, de que se aprobaran las Normas Urbanísticas".
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