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Mediación Familiar

Unos 3.000 conflictos resueltos desde su creación

Unos 3.000 conflictos resueltos desde su creación

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha inaugurado en Granada el I Encuentro Internacional de Mediación Familiar, organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Mediación Familiar bajo el lema 'Hacia una cultura de paz y no violencia'.

Durante el acto, Micaela Navarro anunció que durante el primer semestre de 2007 se llevará al Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de Mediación Familiar, que contemplará entre otros aspectos: los conflictos entre parientes en cuestiones de cuidado de personas mayores o con discapacidad; las relaciones de menores con sus parientes, tutores o guardadores; y el ejercicio de la patria potestad y la tutela.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social puso en marcha precisamente en Granada el primer programa de mediación familiar en Andalucía, en el año 2001, para posteriormente ampliarlo a todas las provincias andaluzas.

Desde entonces, han sido atendidos unos 3.000 casos, con una inversión total de 1,6 millones euros.

En 2005, el programa de mediación familiar e intergeneracional atendió 613 casos en toda Andalucía, con 1.023 menores implicados.

Por provincias, se atendieron 45 casos en Almería, 103 en Cádiz, 82 en Córdoba, 130 en Granada, 17 en Huelva, 59 en Jaén, 11 en Málaga y 66 en Sevilla.

En la Comunidad Autónoma andaluza existen nueve Programas de Mediación Familiar, uno por cada provincia, salvo en la de Cádiz, donde hay dos: uno en la capital y otro en Algeciras.

Este recurso público tiene como objetivos facilitar el cumplimiento de las medidas acordadas por los juzgados de familia respecto al ejercicio del derecho de visita o relación entre el menor y sus familiares en los procesos de separación, divorcio o nulidad, y de los menores tutelados por la Administración Pública cuando se valore técnicamente la idoneidad de este dispositivo.

Entre otras funciones, estos dispositivos se encargan de valorar y verificar el desarrollo en condiciones idóneas de las visitas y relaciones de los menores con aquellos progenitores con los que no conviven habitualmente, detectar las situaciones familiares que atenten contra los intereses del menor y dificulten su desarrollo integral como persona, informar al juzgado u órgano administrativo derivante sobre el desarrollo de las visitas y paliar los efectos de las situaciones de conflicto familiar.

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