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Desencuentro total entre socialistas y 'populares'

PSOE y PP también se enfrentan sobre las medidas 'anticorrupción urbanística'

PSOE y PP también se enfrentan sobre las medidas 'anticorrupción urbanística'

· Blanco dijo que el acuerdo perseguía luchar con eficacia contra la mafia del ladrillo
· Acebes le responde que ya está la ley para ello y que el pacto es para salir del apuro

Lo dicho, que PSOE y PP no logran una postura común ni en sueños sobre un pacto anti-corrupción urbanística, a propuesta socialista. Blanco dijo tras la Comisión Permanente socialista que el acuerdo perseguía luchar con eficacia contra la mafia del ladrillo. Acebes le respondió desde Génova, 13 que "ya está la ley" para ello y que el pacto es para sacar del apuro al Gobierno.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, dejó muy claro que su grupo se compromete oficialmente a no incluir en sus filas a personas cuya conducta sea dudosa. Y también, según añadió, la medida afectará a los militantes, "con cargo público o sin él", sobre los que recaigan esos mismos indicios o sospechas, y que serán separados del PSOE. Dicho lo cual, Blanco aprovechó para mirar a la acera contraria y pedirle al PP "que haga lo mismo". El secretario de Organización socialista presentó esta inciativa al término de la reunión de la Ejecutiva de su partido.

Después añadió que estarán afectados todos los cargos públicos sobre cuya conducta existan "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares" relacionadas con el ejercicio de su función. Se le va a exigir inmediatamente "que abandonen su cargo", agregó el secretario de Organización del PSOE,

Pero no sólo eso, sino que además, ninguna persona sobre la que recaigan indicios racionales de estar implicado en delitos relacionados con el urbanismo formará parte de las listas electorales socialistas. ""No vamos a presentar ante los ciudadanos a nadie cuya conducta pública plantee alguna duda", ha sentenciado. Blanco, quien ha garantizado también que el PSOE mantendrá este compromiso en todo caso y en todos los casos. Después lanzó la puya a todas las demás fuerzas políticas, "muy especialmente el PP", para a que tomen el mismo camino.

Blanco ya anunció este fin de semana que propondría al PP un pacto de tolerancia cero con los implicados en los casos de corrupción urbanística que salpican a varios partidos.

Y ya había obtenido respuesta negativa del líder del PP, Mariano Rajoy,en una espeie de avance y rechazo de este pacto, por lo que se remitió a la justicia como medio para luchar contra esta lacra. Ahora el PSOE no se dirigirá al PP para pedirle un pacto, sino que confía en que las medidas presentadas sean asumidas por todos los partidos.

Un avance que ya este lunes y de forma oficial puntualizó y confirmó, en una rueda de prensa posterior al reunión de la cúpula del PP en la calle Génova de Madrid, su secretario general, Ángel Acebes, quien advirtió otra vez de que el PSOE no tiene "ninguna credibilidad" en la lucha contra la corrupción.

Crear líos y pedir pactos

E igualmente, el presidente del PP, Mariano Rajoy, en una entrevista en la cadena SER, acusó al PSOE de "primero crear líos y luego pedir pactos", y recalcó que el único pacto válido contra la corrupción urbanística es que los corruptos "dejen de robar y que actúen la policía y los jueces".

"No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP.

El presidente del PP propone "mejorar la financiación de los ayuntamientos" para que no dependan tanto del urbanismo y elaborar una Ley del Suelo "liberalizadora", como la que su partido aprobó en 1998 y de la que el Tribunal Constitucional anuló dos preceptos por considerar que invadían competencias de las autonomías.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, avanzó que pedirá una entrevista con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para la creación de un órgano donde las administraciones competentes aborden la corrupción urbanística "sin que primen criterios de partidismos" y en búsqueda de "la limpieza y regeneración" en aquellos casos donde existan comportamientos inadecuados.

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