El tribunal, que ha adoptado esta decisión con el aval del teniente fiscal de la Audiencia,
Fernando Burgos, destaca que, según un informe forense y otros análisis médicos aportados a la causa, el general
Navarro "presenta una enfermedad grave e incurable, que se encuentra en fase terminal y que necesita cuidados paliativos".
En un auto dictado ayer, la Sala recuerda que el artículo 80 del Código Penal concede a los jueces y tribunales sentenciadores la posibilidad de "otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo".
Los magistrados
Javier Gómez Bermúdez (presidente),
Manuela Fernández Prado y
Nicolás Poveda han adoptado esta decisión tras constatar que el condenado ha abonado los 300.000 euros que el tribunal le impuso en concepto de responsabilidad civil (10.000 euros por cada uno de los 30 fallecidos mal identificados) y los 1.800 euros que estableció como multa.
Decisión sobre sus subordinados
No obstante, aún no se han pronunciado en relación con la situación del comandante
José Ramírez y del capitán
Miguel Sáez, que fueron condenados a un año y medio de cárcel y para los que el fiscal tampoco solicitó el ingreso en prisión al carecer de antecedentes penales.
La defensa del general Navarro, que cumplió la semana pasada 69 años, dirigió un escrito al tribunal para que le suspendiera la ejecución de su condena después de que el pasado 17 de marzo adquiriera firmeza, al ser confirmada en todos sus extremos por el Tribunal Supremo, que constató la "mendacidad" y "lo aleatorio" de las identificaciones.
En este mismo sentido se manifestó el abogado del comandante José Ramírez y del capitán Miguel Sáez, que alegó que las condenas impuestas a sus defendidos son inferiores a dos años de cárcel y que ninguno de los dos tiene antecedentes, por lo que no debería ejecutarse su ingreso en prisión.
Indemnización a las familias
La Audiencia Nacional condenó el 19 de mayo de 2009 al general Navarro a tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial. De igual modo, le impuso el pago de una multa de 1.800 euros y una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias de los fallecidos en concepto de responsabilidad civil.
El tribunal también condenó como cómplices de este delito al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez, a los que impuso las penas de un año y medio de cárcel y el abono de una multa de 900 euros. El accidente del Yak-42, que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), es la mayor catástrofe que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
.png)
Si (
No(
