Un juzgado federal de Estados Unidos declaró este miércoles la inconstitucionalidad de los aranceles impulsados por Donald Trump durante su segundo mandato. La decisión, emitida por tres jueces de la Corte de Comercio Internacional, establece que las medidas exceden las competencias legales del presidente y vulneran la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA).
Un fallo con consecuencias económicas y legales
El tribunal ordenó la suspensión permanente de los llamados “aranceles globales y de represalia” anunciados el 2 de abril, así como de otros gravámenes previamente aplicados contra países como Canadá, México y China. Estas políticas, uno de los pilares del enfoque comercial de Trump, ya habían sido cuestionadas por su impacto en los mercados y la industria estadounidense.
Según el fallo, las decisiones presidenciales violaban los límites de la legislación vigente, al imponer restricciones sin autorización expresa del Congreso. El texto judicial argumenta que el uso de la IEEPA no justifica medidas comerciales de esta naturaleza.
Reacción inmediata de los mercados y la Casa Blanca
La decisión ha generado una reacción positiva en los mercados asiáticos, que suben tras conocerse la paralización definitiva de los aranceles. Muchos de estos impuestos ya estaban congelados temporalmente, debido al efecto negativo en los flujos comerciales y las bolsas internacionales.
Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai adelantó que apelarán el fallo. En declaraciones a la cadena CNBC, Desai afirmó: “No es trabajo de jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”. Además, defendió que el déficit comercial provocado por terceros países constituye una amenaza para la economía estadounidense.
Próximos pasos
El 9 de abril, Trump modificó parte de su estrategia arancelaria, manteniendo únicamente un gravamen del 10 % durante 90 días mientras negociaba acuerdos bilaterales. Sin embargo, el tribunal no ha evaluado si existía una emergencia nacional real, sino si las acciones del presidente se ajustaban a la ley.
La sentencia marca un precedente relevante en la supervisión del poder ejecutivo en materia comercial. El fallo no solo anula los aranceles, sino que también refuerza el control del Congreso sobre las decisiones económicas de carácter internacional.
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