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El décimo aniversario de la causa contra el franquismo en Buenos Aires
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El décimo aniversario de la causa contra el franquismo en Buenos Aires

Por Agustina Zeitlin
lunes 20 de abril de 2020, 03:41h

El 14 de abril es conmemorado por españoles y descendientes de españoles como el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, la cual duró desde el 14 de abril de 1931 hasta el 1 de abril de 1939, año en el que finaliza la Guerra Civil provocada tras un golpe de Estado en 1936 por parte de militares. La conmemoración de la Segunda República no solo es la ocasión en la que republicanos salen a defender sus ideales y muestran su rechazo a la monarquía, sino que además a través de ella imputan el pasado. A partir del 2010, esta fecha cobro importancia más allá del territorio español, involucrando a una multiplicidad de actores y puso sobre la mesa un pasado a revisar en el presente.

El 14 de abril del 2010 en Buenos Aires se abría un proceso judicial de la mano de los querellantes: Darío Rivas, por el caso de su padre Severino Rivas, alcalde socialista de Castro de Rey (Lugo, Galicia) fusilado por la Falange en octubre de 1936, e Inés García Holgado, por el fusilamiento y la desaparición del cuerpo de su tío abuelo en el mismo año que el padre de Darío, quien en aquel entonces era funcionario de Correos en Hervás (Cáceres, Extremadura). Junto a ellos estaban sus abogados, Carlos Slepoy, Máximo Castex, Ana Messuti, Carlos Zamorano, David Baigún, Ricardo Huñis, Beinusz Szmukler, Héctor Trajtemberg y referentes y organismos de derechos humanos locales e internacionales en forma de apoyo.

La querella 4591/2010, coloquialmente conocida como la querella argentina, tiene como objeto investigar crímenes de genocidio y/o lesa humanidad cometidos por el Estado español entre el 17 de julio de 1936, cuando se produjo el comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas. Estos crímenes incluyen casos de procesados por el TOP (Tribunal de Orden Público), bebés robados, torturas, desapariciones y trabajos forzados, entre otros.

La falta de reconocimiento y consecuentemente la impunidad en que se mantuvieron los delitos denunciados entroncan con una lógica que consideraba al golpe de estado parte de una Guerra Civil y la atribución de responsabilidades recíprocas a través de la idea de una la lucha entre dos bandos (republicano y militar). La dictadura fue pensada como un régimen legítimo por su victoria y, tras la muerte de Franco, la instauración de una ley de amnistía estableció un silencio forzado sobre el pasado.

Fue por primera vez a finales del año 2006 cuando en España comienza a plantearse la posibilidad de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.

De la mano de los representantes legales de per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca aparece la primera denuncia en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Fue el juez Baltazar Garzón quien se declaró competente y asumió la responsabilidad de emprender acciones judiciales con el propósito de investigar las responsabilidades sobre estos hechos, pero el entusiasmo por parte de diversas asociaciones que trabajaban ya al respecto no duró mucho, ya que, a finales del año 2008, seguido de querellas en su contra, se declara al juez incompetente por prevaricación. Se pidió la nulidad de la investigación por tratar de juzgar hechos que la justicia española considera que están prescritos y perdonados por la ya mencionada Ley de Amnistía.

La ley de amnistía fue firmada en el pacto de la Moncloa en 1977 tras la muerte de Franco. Fue defendida entonces como una herramienta que tenía por objetivo establecer un programa político y económico con medidas que estabilizarían la administración de un país acechado por la pobreza y que frenarían el miedo al retorno de la dictadura militar. Por un lado, significó el retorno de la clandestinidad y regreso de muchos republicanos, y por otro también, una amnistía a todos aquellos que hoy se intenta imputar y condenar. De este modo, a pesar de la magnitud de los crímenes, ninguno de los responsables de los hechos ha sido procesado en España aún, siendo que los tribunales de este país han trabajado a favor de la sanción penal de represores implicados en crímenes de lesa humanidad como son los casos de las dictaduras chilenas y argentina, como también de genocidio en Guatemala y Ruanda, el caso Couso (Periodista español asesinado en Bagdad), Caso Falun Gong contra el partido comunista Chino por torturas, persecución y genocidio, entre otras muchas causas que se han abierto en España. 114.000 desaparecidos, 1.500.000 asesinados, 30.000 bebés robados, más de 2.000 fosas comunes, son algunas de las cifras que arroja esta causa. Se trató de un plan sistemático, donde las vidas fueron jerarquizadas y seleccionadas en base características concretas, una forma autoritaria de ver el mundo y de construirlo. La vida empezó a cobrar un valor imperante en cuanto a que se despojó de ella a quienes no la merecen. La biopolítica, al fin y cabo, no es un concepto tan novedoso, Foucault hace mucho que escribía al respecto. El poder, la capacidad que posee una persona de gobernar sobre la vida de toda una sociedad, ordenándola a su antojo. ¿Qué resultados pueden esperarse?

¿Qué hace a la vida tan peligrosa? ¿Será su historia? Realmente el poder de las ideas, de los valores, de la legitimidad de una visión del mundo por sobre las otras.

Nos encontramos ahora, en el 2020, a muertos denunciando muertos a través de sus representantes, comunidades morales y espacios terapéuticos que trascienden fronteras.

El inicio del proceso penal fue posible luego de 39 años de transcurridos los hechos y en tribunales extranjeros basándose en el principio de la justicia universal. La querella comienza su curso legal a partir de la decisión de la jueza argentina María R. Servini de Cubría, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de Capital Federal, de aceptar la demanda presentada por las víctimas ante los tribunales federales. El principio de jurisdicción universal está establecido en la Constitución argentina desde 1994, año en el que se reformó la constitución nacional y se incorporaron los tratados de derechos humanos, e incluye la obligación de perseguir penalmente a los delitos contra la Humanidad sin importar la nacionalidad de la víctima sino más bien la naturaleza del crimen. A través de este principio se habilita a un Estado la investigación de crímenes cometidos fuera de sus fronteras, sin que sea necesario que los mismos afecten a sus intereses, sean cometidos por o contra sus ciudadanos en el extranjero, o que los autores de los delitos se encuentren en su territorio. Solo se aplica al ser delitos sin causas abiertas o juzgadas en el país de origen, ya que prevalece la justicia nacional, y su único límite es que los responsables de los ilícitos hubieran sido ya juzgados en otro país, en el del crimen o en cualquier otro.

Argentina se presenta por sus abogados u organizaciones como un gran apoyo para las víctimas en España, la solidaridad e identificación de unas victimas con otras fortalecen el vínculo de lucha como a su vez crea esperanza para los españoles. La experiencia argentina es reconocida internacionalmente por su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, tras derogar las leyes de Punto final y Obediencia debida decretadas por el presidente Raúl Alfonsín (UCR 1983-1989) en 1987, juzgar a algunos de los culpables y consolidar en su recorrido organizaciones que trabajan activamente por los derechos humanos. Empapados de estas experiencias los querellantes contra la impunidad del franquismo construyen sus historias desde otro ángulo haciendo frente al contexto de silencio y olvido que se impone desde el Estado español. Adquieren a través de la querella argentina otras herramientas y noción sobre los deberes del Estado con respecto a sus derechos.

A lo largo de estos diez años, la jueza Servini de Cubría ha actuado siguiendo los procedimientos marcados por la ley y bajo la premisa de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Dictó una orden internacional de detención contra cuatro torturadores de la dictadura del general Francisco Franco, solicitó la extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional durante la Guerra Civil y el franquismo y solicitó a la justicia española que tomara declaración a estas 19 personas. En todos los casos, la respuesta del Ministerio de Justicia español fue rechazar todas las solicitudes y devolver a la justicia argentina la petición de interrogatorio. A pesar de ello, la querella sigue avanzando y ha dado pasos muy importantes como la declaración en la Audiencia Nacional, las citaciones a querellantes en sedes judiciales españolas, incluso por videoconferencia, la toma de testimonios en vivo por la jueza Servini a un grupo de 16 españoles que lograron viajar a Argentina a finales del 2013, el pedido de la justicia argentina por la apertura de fosas comunes en España, y la exhumación de Timoteo Mendieta en Guadalajara que facilitó además que en la excavación arqueológica fueran recuperados los restos óseos de otras 50 víctimas del franquismo.

Existen dos esferas sobre las que la querella argentina como causa es construida, la jurídica y la política. Si bien parece que una antecede a la otra, siguen recorridos diferentes y son, hasta cierto punto interdependientes. Esto es, la esfera judicial es donde la querella adopta su propio término y matiz legalista, es impulsada por profesionales del derecho, posee unas normas estrictas en su procedimiento y está limitado y burocratizado.

La querella como causa trasciende hacia lo político, desde la militancia y el activismo de postulados derivados del movimiento de derechos humanos. La esfera de lo político en el espacio social habilita dos cosas: La primera, otorga agencia a los sujetos que no poseen títulos pertinentes para operar en la esfera judicial, dándoles un lugar y sentido en la causa.

La segunda, en su trabajo de divulgación y difusión, permite acelerar la transmisión hacia lo social, irrumpe y da espacio al desahogo, la escucha, empatía y solidaridad, es decir, la reparación en términos simbólicos.

La querella cobra un sentido imperante ya que, el proceso judicial recoge la memoria, rescata las historias convirtiéndolas en verdades que llevan a la necesidad de justicia, de imputar y condenar, de resignificar vidas, de visibilizar y establecer quienes son víctimas y quienes victimarios. He ahí la reparación.

La consigna promulgada e institucionalizada por los movimientos de derechos humanos nacionales e internacionales “memoria, verdad, justicia y reparación” se convirtió en bandera y eslogan de las acciones que desempeñaban víctimas, familiares, querellantes y militantes. Esto les permitía ser reconocidos y entendidos en diversos contextos más allá de las fronteras delimitadas por La Querella, adscribirse a un movimiento social y político amplio que concentra múltiples causas particulares y a la vez logra generar adscripción a través de valores morales compartidos. Dicha consigna se convirtió en el nexo común a pesar de sus diferencias internas.

Para quienes forman parte de la querella, al trascender hacia lo público, también es hacerlo hacia lo social. Para Adriana Fernández, querellante argentina por el fusilamiento de su abuelo, su demanda es parte de “un eslabón”, es decir, “no es solo una lucha nuestra, ese es el objetivo, que sea algo que no se termina”, como me declaró en un encuentro. La memoria aparece como una herencia generacional que porta la necesidad de hacerla perdurar para que las historias no mueran y, con ello, tampoco sus protagonistas. “Hay que difundir para que la memoria y para que la historia se sepa y no deje de existir”, me remarcó la querellante más de una vez. Integrantes de la causa creen en la necesidad de pasar la antorcha de padres a hijos, haciendo que lo individual sea posible por estos dispositivos que se conservan comunitariamente. Las anécdotas se convierten en testimonios y en parte fundamental en la construcción de las narrativas.

En los últimos años se han cambiado nombres de calles, se han hecho homenajes, charlas, documentales, libros, se han instaurado placas de conmemoración, construido esculturas, se han exhumado cuerpos, entre otras cosas. Mediante la instauración de la memoria, no solo se pretende la inculcación de una serie de valores que permiten la ruptura de discursos hegemónicos sobre la dictadura franquista y su impunidad, sino que además se logra la transcendencia del plano físico-material de los familiares que cada uno reivindica. Es decir, en cada uno de los actos de narrar se disputa la muerte como una injusticia y se recupera la vida dentro de un campo simbólico-espiritual de aquellos que murieron en la guerra o en la dictadura, desafiando la temporalidad y los espacios.

Hacer justicia es establecer como verdad esa historia. El reconocimiento es la legitimación de la causa que llevan a cabo y es la validación de los casos particulares, de las historias vividas, del daño sufrido y su recompensa en la solidaridad social dándole un espacio concreto con unos derechos particulares respecto al otro. Entender el reconocimiento como una lucha continua es entender que la reparación social es constante, es la perdurabilidad de la memoria a través de nuevas generaciones, es la conmemoración, el homenaje y que una causa no quede atrapada en un juzgado, sino que el juzgado sea el medio de llegar a toda la sociedad. Los lazos, redes y la reciprocidad marcan el significado del trabajo en la militancia.

Aparentemente, se trata de algo más simbólico que material, dado que los crímenes cometidos sucedieron hace tantos años que muchas víctimas y sus culpables ya no se encuentran con vida, de hecho, en el transcurso de los diez años de la querella ha fallecido el primer querellante Darío Rivas, el abogado de la causa Carlos Slepoy, y el expreso político y militante anti-franquista Chato Galante, entre otros.

A modo de conclusión, la querella como causa judicial fue lo que sirvió como motor en la conformación de un movimiento mayor en pos de los derechos humanos contra la impunidad del franquismo, que necesita y se mueve bajo la tracción de este conjunto de personas. Vemos a través de la querella un arduo proceso hacia los derechos humanos, donde hay valores en disputa, vidas en juego, una lucha por el poder de la verdad, la búsqueda de la legitimidad de la palabra y el reconocimiento como justicia. El proceso judicial y político visibiliza el intento de construcción por parte del propio Estado de una sociedad hecha a medida y a la fuerza, intentando dejar sin cuerpo y sin habla a aquellas mentes y aquellas ideas que trascendían hacia el camino opuesto durante la república y que reclaman por sus derechos en la querella argentina. Por eso cada 14 de abril se conmemora el pasado presente, esa conjunción entre lo que sucedió y lo que está sucediendo en la historia de quienes luchan por sus ideales, por “la memoria, verdad, justicia y reparación”.

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