CCOO ve "imperiosa" la necesidad de sacar oferta de empleo en la Junta tras perder desde 2009 más de 3.200 trabajadores

Comisiones Obreras considera "imperiosa" la necesidad de sacar oferta de empleo público en la Junta de Castilla y León tras perder desde 2009 más de 3.200 trabajadores, lo que afecta sobre todo a las zonas periféricas de la Comunidad, y ha advertido de que el problema es más importante en Administración General, donde podría jubilarse hasta un 80 por ciento del personal en los próximos diez años.

Así lo han afirmado en rueda de prensa el coordinador y responsable de funcionarios de sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Castilla y León, Ernesto Angulo y Juan Carlos Hernández, respectivamente, y la secretaria general de la Sección Sindical de CCOO en la Junta, Mercedes Verdejo.

Ernesto Angulo ha explicado que actualmente es necesaria esta oferta de empleo público porque a pesar de encontrarse en un proceso de estabilización no se va a resolver el problema de vacante y de falta de personal, sobre todo después de haber pasado de 87.775 empleados públicos en 2009 a 84.490 en enero de este año, 3.277 menos.

Esta situación, ha añadido, se agrava en el caso de la Administración General (empleados públicos excluidos los docentes y los sanitarios), donde se ha pasado de 21.947 a 19.836, 2.111 trabajadores menos, algo que ha señalado que dadas las características de Castilla y León afecta más a las zonas "ultraperiféricas" y "periféricas" y supone problemas para dar servicio a toda la ciudadanía cuando a los políticos "se les llena la boca" al hablar de la atención en estas zonas, el empleo y la población.

A este respecto, ha criticado la "dejadez" de la Administración porque este tipo de empleo es el "primer eslabón" para que la población en estas zonas se incremente.

Además, ha advertido de que se puede llegar a tener un problema "importantísimo" dentro de la Administración General, ya que la media de edad es de entre 53 y 54 años, por lo que en los próximos diez años se podría producir una "jubilación masiva", sobre todo en el cuerpo de funcionarios, que podría alcanzar hasta un 80 por ciento de la plantilla.

Por ello, Angulo ha reclamado que se empieza a abrir un proceso extraordinario de oferta pública de empleo para no tener problemas a la hora de dar servicio a la ciudadanía en el futuro. El responsable de CCOO ha aclarado que ahora se espera a la convocatoria de la oferta de 2017, que contempla 997 plazas, pero si la pérdida es de 2.111 en la Administración General, se tardaría "bastantes años" en recuperar la pérdida que ya se ha registrado, algo que ve "complicado".

Como ejemplo de esta situación se ha referido al personal de servicios, que cuenta con 1.983 trabajadores en Castilla y León, pero hay 954 vacantes, el 48 por ciento, ya que no están ocupadas por personal fijo. En la convocatoria que recientemente se ha anulado se ofrecían 380 plazas, lo que no permitirá reducir hasta el 8 por ciento la interinidad, que es lo que se marca en los acuerdos.

Ernesto Angulo ha asegurado que además esta situación genera problemas en algunos puestos de trabajo, ya que hay oficinas comarcales casi sin personal en las que se ha tenido que contratar de manera urgente personal.

Así, ha pedido negociar una oferta extraordinaria con soporte en el acuerdo de estabilidad nacional porque las plazas que ocupan interinos las consideran vacantes.

Por ello, considera que hay que negociar la oferta pública de empleo de 2018 y que salgan plazas, aunque haya elecciones el año que viene, dado que en pocos años se puede reducir el número de funcionarios y hay "peligro" de acumular muchas plazas en 2020.

Estas reivindicaciones se suman a la demanda de un aumento salarial extraordinario tras la pérdida de un 14 por ciento entre 2010 y 2017, la puesta en marcha de las medidas del acuerdo en materia forestal o la aplicación de las 35 horas.

RPT y concurso abierto

Por otro lado, Juan Carlos Hernández ha expresado el rechazo del sindicato a la modificación de relaciones de puestos de trabajo (RPT) que previsiblemente se aprobarán en el Consejo de Gobierno de la Junta este jueves y entrarán en vigor a partir del 1 de octubre, lo que afecta a 15.000 empleados públicos.

Hernández, tras criticar que no se ha hecho un análisis "real y adecuado" de todos los problemas que deberían solucionarse y tras la inactividad de la Administración, estas RPT pueden generar diversos problemas, por lo que han presentado cientos de alegaciones, algunas de ellas muy concretas. Sin embargo, la Junta ha sacado adelante la modificación con el voto en contra de la mayoría de los sindicatos después de retrasar la negociación durante casi dos años.

A este respecto, ha afirmado que no comparte la amortización de puestos de trabajo, ya que existen puestos pero "poca ocupación real" o tampoco el cambio de consideración de la dependencia del puesto de trabajo al modificar algunas cuestiones relativas a los jefes intermedios.

Juan Carlos Hernández ha advertido de que estas medidas y que no se aclaran funciones concretas a algunos empleados pueden generar una "multiplicación" de la conflictividad por la indefinición de funciones y temen que más problemas por los riesgos psicosociales que se van a producir.

"Con este sistema se ataca la línea de flotación del concepto de Función Pública, que es la independencia y la autonomía al realizar funciones", ha señalado Hernández, quien ha señalado que precisamente estas cuestiones son las que permiten dar una atención de calidad.

Por otra parte, también ha expresado la disconformidad del sindicato con el borrador de concurso abierto y permanente de funcionarios que se les ha hecho llegar, dado que se establece una única fecha de solicitud anual, la imposibilidad de solicitar todas las plazas, entre otras cuestiones.