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Las acusaciones mantienen las peticiones de 9 y 3 años para De la Riva por la firma de las 'Comfort Letter'
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Las acusaciones mantienen las peticiones de 9 y 3 años para De la Riva por la firma de las 'Comfort Letter'

miércoles 04 de julio de 2018, 16:32h
Los representantes de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Valladolid han elevado a definitivos los escritos de conclusiones del juicio sobre la firma de las 'Comfort Letter' para el préstamo de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV), con lo que mantienen las peticiones, respectivamente, de 9 y 3 años de prisión al exalcalde de la ciudad Francisco Javier León de la Riva.

Este miércoles se ha celebrado en la Audiencia de Valladolid la segunda sesión del juicio, al que también se enfrentan los exconcejales del PP Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, con las declaraciones de los cinco testigos que seguían citados, encabezados por el actual regidor vallisoletano, el socialista Óscar Puente.

Al concluir la sesión, el presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle, ha preguntado a las partes si elevaban a definitivas las conclusiones expresadas en el procedimiento y todos los representantes han respondido afirmativamente, de modo que se mantienen las peticiones de absolución por parte de las defensas de León de la Riva, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, así como las peticiones de penas de la Fiscalía y el Ayuntamiento, personado como acusación particular.

Así, para el exalcalde la Fiscalía pide un total de 9 años de prisión y 33 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental en las tres cartas de conformidad suscritas, mientras que el Consistorio reclama una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación.

La acusación pública interesa además una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal.

Para los dos exediles del PP, la Fiscalía pide para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión, mientras que el Consistorio solicita siete de inhabilitación.

Durante las testificales, el actual alcalde de Valladolid ha asegurado, en respuestas al abogado del Ayuntamiento, que éste no ha tenido que responder a cantidad económica alguna como consecuencia de la firma de las 'Comfort Letter' de los años 2008, 2010 y 2011, según las cuales se habría comprometido a asumir de forma subsidiaria, de acuerdo con su participación en la misma, el 25 por ciento de los 400 millones de euros.

No obstante, ha añadido que desde que se conoció la carta de conformidad firmada por León de la Riva en 2011 la labor del Ayuntamiento ha sido "intentar evitar el perjuicio" y para ello ha trabajado en la vía legal con la declaración de nulidad aprobada en Pleno, en la penal que dio origen al juicio que se celebra estos días y en una tercer vía "de convenio" para intentar replantear la situación de la SVAV y que se pagara la deuda, algo a lo que finalmente se comprometió el Ministerio de Fomento.

Influencia en el nuevo convenio

Sin embargo, ha apuntado, esos 100 millones de euros han "pesado de una manera decisiva en la negociación y en el resultado", que ha sido la firma del nuevo convenio que opta por un proyecto de integración ferroviaria sin el soterramiento previsto desde 2002. Además, ha recordado que en el citado acuerdo se establece que Adif recuperará los 400 millones que ha aportado a través de la venta de terrenos que Puente ha reconocido que no son de titularidad municipal.

Además, Puente ha incidido en que si el Ayuntamiento hubiera reconocido la carta de conformidad como aval, tal y como considera que pretendían tanto los bancos como Fomento, esos 100 millones habrían pasado a considerarse deuda municipal y, de acuerdo con la normativa relativa a la hacienda local, el Consistorio se habría visto "abocado al cierre" económico.

Posteriormente, ante las preguntas de las defensas, el regidor ha precisado que el perjuicio no está evaluado y ha especulado que se podría considerar que no habido si se estima que el "trabajo" de alcalde, concejales, secretario municipal, interventor y otros funcionarios "no tiene valor" o si se entiende que el actual convenio firmado en la SVAV en noviembre de 2017 "no es perjudicial para la ciudad".

En este sentido, el alcalde del PSOE ha manifestado sus "dudas" sobre si los riesgos que en su momento podría suponer la Comfort Letter están "conjurados" ya que, si bien el Ministerio de Fomento ha pagado ya la deuda, le resultó "preocupante" que el órgano ministerial, tras abonar el préstamo, se subrogara en la posición de los bancos en el requerimiento judicial de la deuda de 100 millones al Ayuntamiento.

Puente ha explicado que el Consistorio no presentó la denuncia "inmediatamente" después de conocer, en septiembre de 2015, la existencia de la tercera de las comfort letter que había firmado León de la Riva, sino que lo hicieron una vez se había iniciado la declaración de nulidad de la misma y al saber que "no era descartable" que los bancos acreedores abrieran una "vía civil" contra el Ayuntamiento, de modo que la asesoría jurídica recomendó "proteger" los intereses municipales con una denuncia al predecesor de Puente en el cargo.

El alcalde ha confirmado que cuando su equipo conoció en una reunión en Adif la existencia del documento no se encontró copia del mismo en el registro municipal, al tiempo que ha explicado que en su etapa como concejal de la oposición tampoco tuvo conocimiento de la existencia de cartas de conformidad ya que ha afirmado que no tenía acceso a la documentación relativa a la SVAV porque "el equipo de Gobierno se negaba".

También han declarado este miércoles el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, y el interventor, Rafael Salgado, quienes han coincidido en considerar que, de haberse iniciado un expediente en el Ayuntamiento sobre las 'Comfort Letter' habría sido competencia de la Concejalía de Hacienda, como responsable de la gestión financiera.

"Una irregularidad que no invalida" las comfort letter

Sin embargo, a preguntas del abogado defensor de Alfredo Blanco, concejal delegado de dicho área en el momento de los hechos juzgados, Salgado ha reconocido que el ayuntamiento "no es muy riguroso con las competencias" y que, si como ocurrió con otras dos 'Comfort Letter' suscritas por la Concejalía de Cultura y Turismo en 2013 y 2014 para la Feria de Valladolid, las hubiera promovido otro área distinta Hacienda habría sido "una irregularidad que no invalida la actuación".

Salgado, que es interventor desde 2012 y comenzó a conocer en profundidad la materia a raíz de la firma de los dos documentos relativos a la Feria, ha detallado en su declaración las diferencias entre las cartas de conformidad "suaves", que no se considerarían avales, y "fuertes", que sí que lo serían.

Y el interventor ha definido las tres 'Comfort Letter' suscritas por León de la Riva como "fuertes", pues expresaban el compromiso "mancomunado" del Ayuntamiento con la deuda, si bien ha reconocido que también presentaría "dos defectos" con respecto a los criterios que establece la jurisprudencia para considerar las cartas como "fuertes".

Rafael Salgado ha añadido que si en 2008, 2010 y 2011 se hubiera llevado a cabo un expediente reglado relativo a los documentos, se debería haber consultado primero a la asesoría jurídica si las cartas eran "suaves o fuertes", al tiempo que ha añadido que, al estar vigente en esos años un Plan de reequilibrio financiero el Ayuntamiento debería haber solicitado autorización a la Junta para asumir los 100 millones de euros de deuda, pues el conjunto habría superado el 133 por ciento del límite marcado por Ley.

Su predecesor en el cargo, Jesús Velázquez, que también ha declarado en el juicio, ha confirmado que el alcalde ni los concejales le consultaron de manera verbal o escrita sobre las Comfort Letter y, de hecho, ha aseverado que hasta que dejó el Ayuntamiento en 2012 no tuvo conocimiento de este tipo de documentos.
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